La administración libertaria busca juzgar a los libaneses e iraníes que se encuentran prófugos en la causa por el atentado a la AMIA, aunque los funcionarios aclararon que alcanzará otras causas vinculadas a genocidio, financiamiento del terrorismo y narcotráfico.
Este es el primer proyecto de presupuesto que envía el gobierno de Javier Milei, luego de que haya prorrogado el de 2023 para el ejercicio actual.
Familiares y amigos de los apresados denuncian que se trata de una causa política armada y «sostenida desde los medios masivos de comunicación que aportan a criminalizar».
En un comunicado del Ministerio de Justicia, explicaron que «la ley que rige actualmente es de la década del 80. La juventud de hoy no es comparable a la de hace más de cuatro décadas».
Además, advirtió que «desde el punto de vista político» se debe preservar el respeto sobre «la posibilidad de que la gente salga a la calle a protestar y a discutir» las medidas impuestas por la gestión del presidente Javier Milei.
