El flamante titular de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe contó a Conclusión su visión sobre el 2x1 para delitos de Lesa Humanidad y las prioridades en su agenda.
En una nueva marcha miles de opositores se manifestaron contra el gobierno de Nicolás Maduro con la meta de llegar a la sede del Tribunal Supremo de Justicia.
En votación unánime el Senado de la Nación dio sanción definitiva al proyecto que este martes aprobó la Cámara baja para contarrestar el fallo de la Corte Suprema y establecer la restricción de beneficios a represores y genocidas condenados.
La ex presidenta acusó al gobierno de "alienar" a la Justicia y atentar contra la independencia de poderes tras el fallo del máximo tribunal que habilita el cálculo del "2x1" para un represor. Ya se encuentra en Bruselas.
Las Confederaciones Nacionales de Docentes Universitarios e Histórica iniciaron la huelga de una semana, con una jornada de protesta se cumplió con masivas clases públicas, carpas blancas, volanteadas y ocupaciones de rectorados.
El presidente provisional del Senado señaló que tras el fallo de la Corte "los jueces son los que tienen que decir cómo se manejan, de acuerdo a la ley más benigna, y de acuerdo con la constitución".
Se trata del bloque de diputados del FPV-PJ, que además anunciaron que presentarán un proyecto para repudiar el fallo y pedir que se excluya del principio de la ley penal más benigna a los condenados por delitos de Lesa Humanidad.
La fiscal titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María de los Ángeles Ramos, hizo la presentación ante el Tribunal Oral Federal 6, a raíz del pedido de excarcelación del apropiador Víctor Gallo.
Sin condena firme podrían acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la pena impuesta, luego de que la Corte Suprema otorgara ese beneficio a un militar.
La ex presidenta cuestionó con duras declaraciones el fallo de la Corte Suprema que habilita la aplicación del beneficio a represores condenados. Además apuntó contra los nuevos jueces, quienes se mostraron a favor, y contra el Gobierno de Mauricio Macri.
El fallo refiere a la causa Muiña. La decisión declaró aplicable la ley 24.390, vigente entre los años 1994 y 2001 y ya derogada, y es extensivo a todos los delitos.
El ministerio de Justicia ruso había presentado una demanda por considerar a esta religión como "una amenaza para los derechos de la gente", por lo tanto la organización religiosa deberá entregar sus propiedades a la "Federación Rusa".