Por Florencia Vizzi
Esta semana el gobernador Miguel Lifschitz designó al nuevo secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. El elegido es el abogado rosarino Marcelo Trucco, de amplia trayectoria académica y formación específica en el tema.
Trucco es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y docente en carreras de grado y posgrado en la Argentina y en el exterior. En la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se desempeña como docente en las maestrías en Derechos Humanos y de Derecho Público. También es miembro de la Comisión académica de la Maestría en Integración y Cooperación internacional de la UNR y dirige el curso de posgrado “Estándares internacionales en materia procesal y acceso al sistema interamericano de Derechos Humanos” de la Facultad de Derecho.
En entrevista con Conclusión, el flamante titular de la Secretaría, aportó su mirada en relación al fallo de la Corte Suprema que contempla la aplicación del 2×1 en delitos de Lesa Humanidad y contó algunas de las metas de su gestión.
—¿Te sorprendió este nombramiento o lo estabas esperando?
—En realidad, el nombramiento obedece a una intención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de potenciar algunas cuestiones y dotar a la secretaria de las herramientas que son necesarias para la mejor promoción y protección de los derechos humanos. Yo provengo fundamentalmente del ámbito académico y mi formación estuvo fundamentalmente orientada a este tema en particular, tanto desde mi trabajo de grado como de posgrado. Y creo que en la decisión debe haber pesado este perfil académico, que justamente responde a un proyecto implementado en la provincia de trabajar fuertemente en estas problemáticas y en una agenda en tema de derechos humanos que son absolutamente necesarias.
—Te tocó, para tu nombramiento, un momento de gran convulsión en la materia ¿cuál es tu opinión de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas respecto del 2×1 y de la respuesta de la sociedad?
—Por un lado, apenas se conoció el fallo, la Secretaría manifestó nuestra contundente disconformidad sobre un fallo que consideramos, sin dudas, que regresa sobre temas que creíamos ya superados. Es decir, que por la gravedad de los crímenes de los que estamos hablando no puede haber normas internas que permitan aplicar ningún tipo de beneficio, ni indulto ni conmutación de pena. Sin dudas que este fallo sorprende, preocupa, duele, porque veníamos de una etapa en la que se había logrado no sin lucha, no sin compromiso, consolidar una cuestión de Estado muy importante y está claro que la sociedad respondió en forma inmediata.
—¿Esperabas que hubiera una respuesta de la sociedad tan contundente e inmediata?
—Sí, yo creo que ya ha habido otros ejemplos. La sociedad ha aprendido mucho sobre lo satisfactorio de la lucha. Ha aprendido que hay cuestiones que rápidamente merecen ser defendidas, cuestiones que dejaron de pertenecer a un determinado sector político o partidario, y que toda la sociedad ha tomado como propias. Y eso me parece que es muy fuerte y uno lo ve con gran alegría… no sólo lo rotundo sino la rapidez con la que llegó esa respuesta. Y también, la rapidez de la respuesta política, reflejada en la ley que se aprobó en Cámara de Senadores. La sociedad ha expresado que estas políticas de memoria, verdad y justicia no pueden tener ningún tipo de retroceso.
— ¿Cuál es tu opinión en relación a la ley que aprobaron los senadores, la ves efectiva en cuanto a las posibilidades de aplicación?
—Evidentemente que estos temas ya están contemplados. Por eso me parece que esta ley obra más que nada como una reafirmación,como una manera de recordar que para estos crímenes tan aberrantes como son los de Lesa Humanidad, el Genocidio, los crímenes de Guerra, no se pueden aplicar beneficios o excepciones. Yo creo que va a tener un efecto muy fuerte respecto a las distintas instancias judiciales que van a tener que responder a los muchos pedidos que ya se han presentado. Me parece que puede tener ese muy importante efecto, de poder marcar cuales son los pasos a seguir y que la justicia pueda oponerse y tengan Corte Suprema.
—¿Y en relación a esto, te tomó por sorpresa el fallo o había un clima que lo hacía previsible?
—Y, mirando un poquito los últimos antecedentes, yo podría decir que en realidad no era totalmente inesperado que ocurriera esto. Fundamentalmente, teniendo en cuanta que este último fallo se enrola dentro dos o tres sentencias dictadas por la Corte Suprema en este último tiempo. Recordemos la postura del Tribunal en la causa Fontevecchia, cuando de alguna manera su opuso a la decisión de la Corte Interamericana de dejar sin efecto una condena dictada precisamente por el tribunal supremo en relación a la libertad de expresión. Recordar también que hace poco tiempo la Corte Suprema estableció la prescripción de las acciones civiles en los delitos de Lesa Humanidad y otorgó la posibilidad de los arrestos domiciliarios a personas condenadas en estos crímenes, es decir, me parece que esto se enrola de alguna manera en una resignificación de criterios que son preocupantes… Además, se trata de temas que la misma Corte Suprema había consolidado no hace mucho tiempo, incluso con votos de algunos de los ministros que hoy han planteado sus disidencias. Creo que esto es preocupante porque el Tribunal había consolidado una jurisprudencia en materia de no aceptar indultos y derribar leyes que pretendían ciertas amnistías y en los últimos meses se aprecia como una vuelta atrás de algunos conceptos que habían sido arraigados incluso a partir del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por eso que en esto, cuando la mayoría de los países habían tomado el ejemplo argentino, sobre cómo nuestro país, a través de sus órganos de Estado, había aceptado todos estos estándares, ahora podríamos ser, en el corto tiempo, el ejemplo de lo que no habría que hacer.
—¿En este contexto, tu nombramiento llega también en un momento en que se espera un fallo importantísimo para la provincia de Santa Fe que es el de la causa Guerrieri III. ¿Cuál es tu expectativa?
—Bueno, seguro que mañana vamos a estar presentes y es importante que desde el Estado provincial acompañemos y este es también es uno de los objetivos de la gestión. Yo creo que la respuesta debería ser también contundente, en cuanto a considerar probados los hechos. No quiero meterme en una apreciación que seguramente hará la Justicia, por lo menos así lo ha hecho en los últimos pasos. Se han probado los hechos y se han dictado las condenas solicitadas por las querellas. Mi expectativa es que el fallo, de alguna manera, pueda recabar las pruebas aportadas e interpretar estas cuestiones a las que yo me refería como consolidadas. Vamos a ver como resulta, pero la expectativa es seguir avanzando en estas cuestiones de lograr justicia ante estos crímenes.
—¿Y, en cuanto a la agenda, cuáles son los temas que tenés como prioridad para tu gestión?
—Bueno, los Derechos Humanos son un tema muy amplio… hay cuestiones prioritarias. Atender la violencia de género, meternos en algunos debates que se vienen sobre la justicia penal juvenil, el tema del medioambiente, el acceso a la justicia, atender a los grupos que están en situación de vulnerabilidad, tomar el tema de la educación y la formación en Derechos Humanos. Es una agenda muy amplia, pero está toda la decisión política de la provincia de acompañar. Los derechos humanos son los derechos de todas las personas y son los derechos que el Estado ha asumido el compromiso de respetar y, fundamentalmente, garantizar. Y en esto estamos, en poder concretar todo aquello que, generalmente, está en las normas y en los tratados internacionales pero que hay que conseguir llevar a la práctica y tener una protección realmente efectiva que llegue a la gente.
