La secretaria adjunta de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, celebró la resolución del tribunal y calificó el fallo como «una victoria para la seguridad del pueblo estadounidense».
A través de un decreto publicado este jueves, el Gobierno nacional habilitó la privatización del sistema educativo y sanitario para extranjeros, entre otras medidas que endurecen las políticas migratorias.
El fallo anuló la decisión de la corte del Distrito de Columbia sobre el empleo por parte de la administración Trump de la autoridad en tiempos de guerra, que había bloqueado temporalmente la deportación de algunos inmigrantes del país sudamericano a una prisión extranjera en El Salvador.
Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense tienen permiso para arrestar a cualquiera de los más de once millones de personas ilegales que se estima que viven en el país.
Los arzobispos de Canterbury y York, así como otros 24 obispos, dijeron que esa política debería avergonzarlos como nación: “La vergüenza es nuestra, porque nuestra herencia cristiana debería inspirarnos a tratar a los solicitantes de asilo con compasión, equidad y justicia, como lo hemos hecho durante siglos».
