Milei implementó cambios migratorios: ¿qué pasará con los extranjeros que llegan a Argentina? 

El Gobierno modificó por decreto la Ley 25.871 que regula la política migratoria. Ahora, la administración nacional endurecerá las deportaciones y el acceso a la ciudadanía argentina, mientras que se habilitó el arancelamiento del sistema sanitario y educativo a los extranjeros.

Mediante el Decreto 366/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se estableció que los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de “Residentes permanentes”, “Residentes temporarios” o “Residentes transitorios”.

La Dirección Nacional de Migraciones determinará la viabilidad del cambio de la categoría o subcategoría en que los extranjeros fueron originariamente admitidos. Una vez iniciado el trámite correspondiente y hasta su resolución, se podrá conceder una autorización de “residencia precaria”, la cual será revocada cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento. Su validez será de hasta noventa días corridos y podrá ser renovada por resolución fundada de la referida autoridad migratoria.

Quienes sean “residentes precarios” de Argentina podrán “permanecer, egresar, ingresar, trabajar y estudiar durante su período de vigencia en el territorio nacional”. Asimismo, el documento señaló que “la extensión y renovación de la residencia precaria no genera derecho a una resolución favorable respecto de la admisión solicitada, ni resulta residencia válida a los efectos de acreditar arraigo, necesario para la obtención de la residencia permanente, o para la adquisición de la nacionalidad por naturalización”.

Los residentes permanentes serán todos los extranjeros que, con el propósito de establecerse definitivamente en el país, obtengan una admisión en tal carácter. Al tramitar el pedido de residencia, el interesado deberá acreditar que cuenta con los medios económicos suficientes para subsistir en el país y que no cuenta con antecedentes penales que pudieren motivar el rechazo de la solicitud. A los hijos de argentinos nativos, naturalizados o por opción que nacieren en el extranjero se les reconocerá la condición de residentes permanentes y las autoridades permitirán su libre ingreso y permanencia en el territorio.

Los cónyuges, progenitores o hijos de argentinos nativos, naturalizados o por opción también recibirán la residencia permanente, al igual que los cónyuges, progenitores o hijos solteros menores a 18 años o mayores con capacidades diferentes de un residente permanente o temporario.

En relación a la educación, uno de los artículos señala: “Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país. La gratuidad implica la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos. Las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán establecer retribuciones por los servicios de educación para el resto”.

Y añadió: “Quienes no contaren con residencia permanente en el país podrán ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”.

¿Qué garantías tendrán los extranjeros en Argentina?

El decreto estableció que todas las jurisdicciones de Estado “asegurarán el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria, en particular en lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.

“Los extranjeros tendrán derecho, aun cuando su condición migratoria fuera irregular, a ser admitidos como alumnos en un establecimiento educativo inicial, primario o secundario, ya sea público o privado; nacional, provincial o municipal, para lo cual su situación migratoria no podrá ser causa de discriminación alguna. Las autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria”, señaló otro artículo.

Milei recortó derechos de extranjeros en Argentina: ¿qué cambios migratorios dispuso? by Conclusión TV

Además, manifiesta que “en casos de emergencia, no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”. “Los extranjeros residentes permanentes –añadió– podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos”.

Cuando no haya una emergencia, los centros de salud administrados por el Estado Nacional sólo podrán brindar tratamiento médico o atención sanitaria habitual cuando los pacientes extranjeros presenten un seguro de salud.

Salud

El decreto observó que hubo “un incremento sostenido de extranjeros que entran a Argentina únicamente para acceder gratuitamente a prestaciones sanitarias de alta complejidad”. También señaló que muchas personas “ingresan al país y tramitan su residencia temporaria no con la motivación de establecerse en el mismo, sino a fin de recibir atención sanitaria, muchas veces de larga duración y que puede implicar un alto costo para las jurisdicciones involucradas”.

“Corresponde habilitar a los establecimientos sanitarios públicos a cobrar los servicios a aquellos extranjeros que no habitan establemente esta Nación. Por razones humanitarias, se mantendrá la prestación de servicios de salud en situaciones de emergencia a aquellos extranjeros que hayan ingresado al país irregularmente o no cuenten con la residencia permanente”, añadió el documento.

Y apuntó: “Es imprescindible requerir que los extranjeros que ingresen al territorio nacional declaren que cuentan con un seguro de salud con el fin de pagar sus gastos médicos en el país por medio de él”.

Educación

“Desde hace años se observa una afluencia de extranjeros que ingresan al país y tramitan su residencia con el único fin de cursar en forma gratuita carreras de grado en universidades públicas debido a que, en sus países de origen, las instituciones son rentadas y tienen altos costos, o bien cuentan con cupos muy restringidos para su acceso sin arancelamiento”, apuntó el decreto.

“Es propio de la equidad y de la razonabilidad que quienes acuden a nuestro país únicamente a cursar sus estudios universitarios aporten al Sistema Universitario Nacional mediante el pago de una retribución, máxime cuando no han tenido que afrontarse a una carga tributaria similar a la de los ciudadanos argentinos y de los inmigrantes residentes permanentes”, aclaró.

El decreto entendió que el cobro de los servicios de educación universitaria para extranjeros que no cuenten con una residencia permanente permitirá a las universidades nacionales “sufragar parte de sus gastos de forma sostenible, de un modo equitativo hacia los ciudadanos argentinos”. Asimismo, señaló que el sistema universitario y de salud será gratuito para los extranjeros que tengan residencia permanente.

¿Cuándo se impedirá el ingreso a Argentina?

“Numerosos delitos castigados con pena privativa de la libertad no impiden entrar a nuestro territorio o mantenerse en él. Esto lleva a que personas que hubieren delinquido, ya sea dentro o fuera de nuestro país, puedan habitar esta Nación sin obstáculo alguno.

Los extranjeros no podrán ingresar al país si:

• Presentan documentación falsa o adulterada.
• No informan sobre la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales.
• No exhiben un documento que demuestre una oferta efectiva de trabajo, cuando el requerimiento de ingreso obedeciera a ese motivo.
• Tienen prohibido el ingreso.
• Fueron condenados por delitos que para la legislación argentina merezcan pena privativa de la libertad igual o mayor a tres años, cualquiera fuese la modalidad de cumplimiento.
• Fueron condenado, en Argentina o en el exterior, por delitos que para la legislación argentina merezcan pena privativa de la libertad menor a tres años, cualquiera fuese la modalidad de cumplimiento.
• Fueron sorprendidos en flagrancia por un delito.
• Incurrieron o participaron en actos de gobierno o de otro tipo que constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad.
• Incurrieron o participaron en actividades terroristas, que propicien la violencia o ideas contrarias al sistema democrático.
• Ingresaron o intentaron ingresar en el territorio nacional eludiendo los controles migratorios, o por un lugar o en horario no habilitados al efecto.

¿Qué pasaba hasta el momento?

Actualmente, los extranjeros que llegan a Argentina obtienen la nacionalización tras dos años de residencia continua en el país, aunque este plazo podría ser acortado por la Dirección Nacional de Migraciones. Además, se garantizaba el acceso gratuito a la educación y a la salud independientemente de cuál sea la categoría migratoria de los extranjeros.

La legislación vigente hasta este jueves señalaba que “en ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo, ya sea este público o privado; nacional, provincial o municipal; primario, secundario, terciario o universitario”.

En lo referente al acceso al sistema de salud público, la norma que se modificó con el reciente decreto establecía que “no podrá negársele o restringírsele en ningún caso el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”.

En los argumentos del decreto, el gobierno de Milei señaló que las deportaciones que Estados Unidos realiza desde hace meses, sumado a las facilidades que Argentina ofrece para entrar y permanecer en el territorio, permiten prever que “una proporción importante de esos deportados se radique o intente radicarse en el país, lo cual generaría un impacto en la economía y en los servicios esenciales de la población”.

Desde Casa Rosada estimaron que en el país hay 402.213 inmigrantes irregulares. “Más del 2 % de los inmigrantes cuya estadía en el país fue declarada irregular en los últimos veinte años permanece en el país”, señaló el decreto.