La decisión se tomó a través de una resolución del Ministerio de Finanzas, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
Alarmantes encuestas revelan que uno de cada tres habitantes de la zona metropolitana de Buenos Aires afirma haber contraído algún tipo de deuda en el último año. Más de un 36% admite estar bastante endeudado; y un 39% reconoce haber utilizado ese dinero para el día a día.
Uno de cada cinco dólares emitidos en el mercado internacional de deuda corresponde al Estado argentino. A septiembre, acumula 36.000 millones de dólares de los 183.000 emitidos globalmente.
Se trata de un reclamo judicial que según expresó hace unos días el gobernador Miguel Lifschitz “no excluye ninguna negociación”. Será presentado hoy por Fiscalía en el máximo tribunal.
Desde el FMI advierten que el "marcado aumento" de la diáspora venezolana provocan un afecto negativo mayor para sus vecinos que las consecuencias del posible incumplimiento del pago de la deuda soberana.
"Esta decisión no se tomó a la ligera y refleja la preocupación con los crecientes atrasos en los pagos, la necesidad de una reforma fundamental en la organización y el continuo sesgo contra Israel", indicó el Departamento de Estado.
"Cuando la Corte sacó su fallo, en noviembre de 2015, tenía la expectativa de que esto se arreglara rápidamente", aseguró el gobernador, y contó: "Es mejor que estas cosas las arregle la política, pero si la política no las arregla, la Corte va a tomar una posición".
“Apoyamos el reclamo de la provincia”, expresó a Conclusión el titular del Movimiento Sindical Rosarino, Alberto Botto, luego del encuentro del que participaron autoridades provinciales y dirigentes gremiales de la ciudad.
El ministro de Economía provincial aseguró que "ya no queda otro camino" que recurrir al máximo tribunal para saldar el pasivo en relación a la coparticipación. "Esto es totalmente negativo de cara a la sociedad", dijo el funcionario.
Según datos de la agencia Bloomberg el ministro Luis Caputo es “el colocador de bonos número uno” de las economías “no desarrolladas”, con 55 mil millones de dólares desde diciembre de 2015.
La autorización de la prórroga de jurisdicción a tribunales de Londres y Nueva York en operaciones millonarias de deuda vuelve a exponer al país al lobby buitre en futuros litigios internacionales.