El lobo puesto a cuidar el gallinero. Esa es la síntesis de las críticas que apuntan al funcionario, desprendidas de una serie de operaciones inmobiliarias ejecutadas a través de un entramado de firmas radicadas en cuevas fiscales.
En otro tema, el vocero presidencial anunció que se eliminarán “695 cargos en la Dirección General Impositiva (DGI)”.
Gracias a este ascenso, la funcionaría pasaría a cobrar entre 7 y 8 millones de pesos de bolsillo.
El funcionario, nombrado en noviembre, está señalado por realizar las operaciones a través de sociedades offshore. Figura como titular de las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, ambas radicadas en Panamá.
El archivo apareció a poco de conocerse el comunicado de la Oficina del Presidente que indicaba que Andrés Gerardo Vázquez asumiría como titular del área.
