La Comisión Bicameral, que debe estar integrada por ocho diputados y ocho senadores, se conformará la próxima semana, mientras que el Poder Ejecutivo tiene tiempo hasta el 5 de enero para mandar el documento al Congreso.
Pese al fuerte rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el asesor de Javier Milei replicó que "no se va a afectar ningún derecho. En trabajo hay una gran informalidad y tenemos una extraordinaria industria del juicio. Apuntamos a esa industria y mejoraremos los recursos de los trabajadores".
La convocatoria está plasmada en el decreto 76 del 2023, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Nicolas Posse, y que fue enviado a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Un documento del espacio reseñó que el Poder Ejecutivo solo puede arrogarse esa facultad de emergencia cuando "es imposible tramitar leyes en el Congreso Nacional", pero aclaró que ello nunca debe afectar derechos y garantías constitucionales.
"Realizamos inicialmente un diagnóstico y reporte por la situación que se está viviendo por la devaluación, la crecida de precios en la nafta y alimentos y cómo está afectando este programa -como lo llamó Milei- de estabilización que tiene un apretón fiscal y monetario y una devaluación muy fuerte que afectó sobre todo a los sectores populares", sostuvo Kicillof en diálogo con la prensa.
El ex constituyente y abogado constitucionalista instó a los legisladores a solicitar que se llame a sesión extraordinaria en ambas Cámaras del Congreso para anular el decreto.
El cambio en la normativa abre debates sobre la posible privatización de la entidad y sus implicaciones económicas y laborales. Incertidumbre en el sector.
El flamante presidente de la Nación ratificó hoy que confía totalmente en el plan de su gobierno. El DNU anunciado el miércoles 20 de diciembre, cosechó mas críticas que aceptación.
Hay una diferencia grande entre jugar a los cowboys que ser un cowboy. Decretos y negocios privados con fondos públicos, sin conducción política.
El titular de la CTA-T, Hugo Yasky denunció que el decreto presidencial fue "redactado en una consultoría privada, afecta a todas y todos los trabajadores, e implica que se rifa todo". Hugo Godoy de la CTA-A afirmó: "Vamos a avanzar en un plan de lucha con los mayores niveles de unidad posibles”.
El mandatario santafesino expuso que algunas de las medidas contempladas en el decreto podrían contar con el respaldo de su administración, aunque requieren previamente "un gran acuerdo republicano".
Los manifestantes respaldados por las dos Centrales de Trabajadores Argentinos protestan por el DNU del Gobierno de Javier Milei mientras realizan asambleas y ollas populares. Patricia Bullrich aseguró que “desde las 4 de la mañana” está activado el protocolo de orden público.