El Foro de Economía y Trabajo, que integran economistas, especialistas y centrales sindicales, sostuvo este viernes que «es necesario y urgente derogar el decreto del presidente Javier Milei, porque con su anuncio el mandatario se ubicó por fuera de la Constitución, que está obligado a observar», y afirmó que las facultades legislativas «le están vedadas».
Un documento del espacio reseñó que el Poder Ejecutivo solo puede arrogarse esa facultad de emergencia cuando «es imposible tramitar leyes en el Congreso Nacional», pero aclaró que ello nunca debe afectar derechos y garantías constitucionales.
«El Presidente lo hizo luego de declarar una megadevaluación que licúa los salarios, las jubilaciones y ahorros, y de imponer un brutal ajuste económico contra los ingresos de las familias trabajadoras y de los jubilados en perjuicio del mercado interno y de decenas de miles de pequeños y medianos empresarios (Pymes), siempre en favor de los grandes formadores de precios y los acreedores externos como el FMI», aseguró.
El Foro afirmó que con esa decisión el Gobierno inició «un golpe de Estado al usurpar funciones parlamentarias, profundizando el ajuste sobre la mayoría de los argentinos y afectando sus derechos, patrimonio y propiedad», y enfatizó que el presidente «hace todo lo contrario a lo que se comprometió de manera estentórea, es decir, a ahorrar reduciendo los costos de lo que denomina ‘la casta'», puntualizó el documento de prensa.
«No son casta los trabajadores que, a partir del DNU, pueden sufrir la caída de sus convenios colectivos, ya que la medida afecta el principio de ultraactividad, la reducción de las indemnizaciones, el cobro de horas extras y, además, la extensión del período de prueba para pasar a planta pasa de tres a ocho meses. No es casta la inmensa mayoría de familias que sufrirá las consecuencias de la liberación de precios sin freno», añadió.
También sostuvo que «no son casta los ciudadanos expuestos a condiciones sin límite por la derogación de la Ley de Alquileres, los consumidores y comerciantes que encarecerán los costos por el uso de tarjetas de crédito, las Pymes que no tendrán ingreso a las grandes cadenas comerciales por la Ley de Góndolas que deroga ni los clientes a los que se les niegan opciones, entre otros muchos ejemplos».
«Las medidas del decreto son inconstitucionales e injustas, y también innecesarias y criminales. Como también otras que impulsa el Gobierno, como la derogación de la fórmula de movilidad jubilatoria o la restitución de Ganancias. Es mentira que con ello se devolverá poder adquisitivo y empleo a las familias trabajadoras o que servirán para retomar una senda de crecimiento económico. Solo habrá una catástrofe», aseveró.
El Foro exigió derogar ese decreto «devastador en lo económico-social, disociador en lo político y perverso en sus oscuros objetivos crematísticos de maximizar ganancias para pocos sin importar el costo», y reclamó a la justicia su nulidad y al Congreso Nacional su rechazo, a la vez que repudió «la ilegal criminalización de la protesta social».
También se sumó a la convocatoria de unidad y a la masiva movilización convocada por el movimiento sindical, las entidades sociales y los sectores productivos nacionales.
El secretario general de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) e integrante del consejo directivo de la CGT, Juan Carlos Schmid, por su parte, decidió este viernes el estado de alerta y movilización en la actividad en rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado por el presidente Javier Milei, mientras que la Confederación de Sindicatos Industriales (Csira), que lidera el titular del gremio mecánico (Smata), Ricardo Pignanelli, pidió el «retiro» del DNU.
A su vez, el Sindicato de Conductores Navales (Siconara) rechazó el decreto 70/23 y confirmó que «saldrá a las calles para defender los derechos conquistados», y consideró que constituye «un grave perjuicio a las instituciones y avasalla derechos laborales».
Entre otras decisiones, el DNU impone la obligatoriedad de prestar al menos el 75% del servicio en actividades consideradas «esenciales», como la portuaria.
La Confederación de Sindicatos Industriales (Csira), por su parte, aseguró que «el derecho no puede ser rehén del poder político de turno», y reclamó que el Gobierno «retire» el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado porque viola «la más elemental división de poderes».
La estratégica organización sindical sostuvo en un documento que es preciso aceptar que «dentro de la ley vale todo y, fuera de ella, nada», y enfatizó que «no existen circunstancias excepcionales que impidan los trámites ordinarios constitucionales para sancionar leyes».
Los gremios industriales ratificaron que, por lo mismo, se movilizarán junto con la CGT a partir de las 12 del miércoles próximo hacia el Palacio de Justicia de Lavalle y Talcahuano, en la ciudad de Buenos Aires, para presentar un reclamo y obtener una sentencia sobre «esa inconstitucionalidad».
La CGT decidió movilizarse el miércoles próximo hacia la Plaza Lavalle con sus gremios confederados para presentar acciones judiciales y recursos de amparo y, al día siguiente, deliberará en su edificio de Azopardo al 800 el Comité Central Confederal (CCC), que podría declarar un plan de lucha nacional.
La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), que conduce Héctor Laplace, rechazó el DNU y sostuvo que «ese mega decreto que deroga y modifica más de 300 leyes fue producto de un acto poco democrático y de espaldas al voto popular del pueblo».
