De acuerdo con la normativa, la Agencia Federal de Emergencia asume la coordinación de todas las medidas, siendo además la encargada de notificar el estado de los focos, los trabajos de combate y los recursos.
El diputado Juan Pablo Luque apuntó que “el desastre ambiental es tremendo” y presentó un proyecto de ley para declarar la “Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la Patagonia”, iniciativa que prevé un desembolso inmediato de fondos nacionales y aportes del Tesoro Nacional para las provincias afectadas.
Hasta ahora el fuego mantenía un comportamiento cíclico, pero ese patrón se quebró, complicando aún más el panorama para el ecosistema de toda la Patagonia.
La medida se tomó inicialmente el 11 de enero del año pasado, pero aun «continúa el riesgo de superación de la capacidad de respuesta de los medios empleados en el combate del fuego y el peligro inminente de una catástrofe ambiental», explicaron las autoridades nacionales.
La medida publicada en el Boletín Oficial consiste en “adoptar las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios, la restauración las de zonas afectadas y la prevención de nuevos focos”.
