La decisión destacó que la infraestructura proyectada -pozos submarinos y unidades de almacenamiento- se asienta directamente sobre la plataforma continental argentina. Asimismo, el fallo reconoció que las corrientes y los ecosistemas marinos interconectan la región, por lo que cualquier impacto ambiental afectaría directamente los bienes comunes del país.
Se trata de SLB, Baker Hughes y Halliburton, que difundieron su decisión luego de que el Gobierno impulse sanciones a compañías que operen en alrededores del archipiélago.
En Puerto Iguazú, Misiones, y ante empresarios, durante su exposición en la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el ministro de Relaciones Exteriores argumentó que la disposición es parte de la estrategia que pretende sancionar a firmas que desempeñan operaciones en las islas, así como también a sus proveedores.
En un documento de circulación privada, compañías del sector energético bregaron porque no regrese el «populismo energético» y adujeron que «peligra el autoabastecimiento» y que sufrirían pérdidas si no se implementa el aumento impulsado por el secretario de Energía.
