El máximo Tribunal provincial le exigió al magistrado que remita todo lo actuado. La resolución es a partir de la presentación de uno de los acreedores más importantes, que cuestionó que la convocatoria se desarrolle en paralelo a las investigaciones penales.
El juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, dio lugar al pedido de la compañía cerealera en contra de los planteos de la AFIP-DGA. También ordenó al Estado hacerse cargo la erogación de los costos del procedimiento.
La empresa mostró pérdidas por más del 50% de su capital, lo que la pondría en situación de tener que encarar el proceso de disolución, en caso de no capitalizarse con bienes o dinero. ¿Qué rol juega el Estado a esta altura?
El juez que lleva adelante el caso de Vicentin, Fabián Lorenzini, verificó unas 1.727 presentaciones de acreedores entre proveedores de granos, entidades financieras, empresas y el Estado. En tanto, hay 911 presentaciones pendientes en el Juzgado de Reconquista.
La resolución fue adoptada por juez Penal de Primera Instancia del Distrito 2 de Rosario, Hernán Postma, ante un pedido formulado por el fiscal del caso, Miguel Moreno. Desde el grupo cerealero, que debe millones a varios acreedores, aducen que esto “pone en riesgo el pago de salarios”.
Ambas entidades habían solicitado que se considere nula la venta de las acciones pero el juez Lorenzini consideró que, independientemente de que las empresas conformen o no un holding empresarial, poseen personalidad jurídica diferenciada y por lo tanto cada una resulta responsable de los actos realizados.
Tras el primer encuentro de conciliación, del que participaron representantes del gobierno santafesino y el presidente de la empresa en concurso, el magistrado convocó a una nueva reunión de conciliación para el 30 del corriente mes.
La gestión de Alberto Fernández buscaba que fueran los tribunales porteños los encargados de revisar las decisiones del Poder Ejecutivo, pero la jueza María Alejandra Biotti rechazó esa interpretación.
Un dictamen judicial dejó en claro que los interventores estatales actuarán como veedores, mientras que a cargo quedarán los dueños de la empresa cerealera. El magistrado no se expidió sobre el planteo del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.
Al mismo tiempo advirtió que, si el juez sigue en la postura que tomó el viernes, "la provincia irá subiendo en las instancias (judiciales) para poder revertir lo resuelto". Por su parte, la titular de la IGPJ de Santa Fe también se sumó al pedido de desplazamiento de los actuales miembros del directorio de Vicentin argumentando que "tienen denuncias penales".
El juez Lorenzini avaló la intervención de la firma, cuya tarea es recolectar elementos que permitan el rescate de la compañía, en principio a través de la figura de la expropiación.
"Este proceso ha sido pensado para realizar la verificación de los créditos de manera electrónica sin moverte de tu lugar", indica la web lanzada por el Juzgado de Reconquista que lleva adelante el concurso preventivo.