La empresa agroexportadora Vicentin, en concurso de acreedores por cerca de 1.574 millones de dólares, quedó este jueves habilitada para volver a exportar, a partir de una decisión del juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien tiene a su cargo la causa de la cerealera.

De este modo, el magistrado resolvió dar lugar al pedido de tutela inhibitoria de la sociedad concursada, al tiempo que rechaza los planteos que habían sido esgrimidos por la AFIP-DGA (Dirección General de Aduanas) por improcedentes.

A partir de esos argumentos, la compañía no podía comerciar con el exterior (actualmente alquila sus plantas operativas).

Lorenzini dispuso que “la AFIP deberá abstenerse de limitar o restringir la capacidad de la sociedad concursada Vicentin SAIC para emitir cartas de porte electrónicas, como consecuencia de la rebaja de su calificación en el Estado 3 del Sistema de Información Simplificado Agrícola (Sisa), dispuesta oportunamente”.

A partir de esta resolución, el organismo estatal deberá retrotraer la situación de la firma concursada con anterioridad a la adopción de la resolución administrativa que derivó en su nueva categorización. Además, el juez también impuso al fisco cargar con los costos del procedimiento.

Entre los fundamentos, expresados a lo largo de catorce páginas, sostiene que la concursada es “una empresa dedicada a la compra de cereales en el mercado de producción nacional, en miras a su procesamiento y exportación.  Por ello resultaba esencial mantener en funcionamiento dicho esquema comercial, propiciando sus actividades empresarias naturales como camino de salida para el conflicto”.

Agrega que “la empresa concursada no modificó su objeto social, pero si ha variado su modelo de negocios, subsistiendo en este período transicional mediante el alquiler de sus plantas fabriles a terceros, recibiendo mercadería ajena, procesándola y entregándola en el lugar pactado a los locatarios para su posterior comercialización. Sin resignar definitivamente su perfil de empresa agroexportadora, la actualidad de la concursada está determinada por tales circunstancias”.

Plazos

Semanas atrás, el mismo juez Fabián Lorenzini prorrogó nuevamente y hasta el 31 de marzo de 2022 el plazo para que la agroexportadora Vicentin llegue a un acuerdo con los acreedores por su deuda concursal de unos U$S1.500 millones, a la vez que le pidió a la Sindicatura que elabore un «cronograma tentativo» para el salvataje, informaron fuentes judiciales.

La resolución del juez Lorenzini redujo las pretensiones de la cerealera concursada, que había solicitado la extensión del período de exclusividad (el plazo para arribar a acuerdos de pago con los acreedores) hasta junio del año próximo.

A la vez, el magistrado dejó abierta la posibilidad de una nueva prórroga al señalar que la establecida en la resolución, se hace «sin perjuicio de evaluar oportunamente una extensión adicional, conforme a la evolución del proceso y en consulta con el Comité de Acreedores y la Intervención» de Vicentin.

La nueva extensión del período de exclusividad –la segunda que solicita la concursada- tuvo el aval de los acreedores y de la Mesa Técnica, conformada por un grupo de ellos, según la resolución.

Vicentin pidió una nueva prórroga luego de que su propuesta de pagar la deuda con una quita del 70% y en un plazo de 15 años –que incluía un reconocimiento en dólares y el pago en una sola cuota a acreedores de menor cuantía- no consiguiera la aceptación mayoritaria.

En noviembre pasado Lorenzini rechazó esa propuesta por considerarla «abusiva» y le pidió que elaborara una nueva, de «modo razonable», a la vez que volvió a exigirle la elaboración de un «plan de crisis» y otro de «reorganización empresaria».

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