La multa alcanzaría la suma de más de 74 millones de dólares y podría ser inhabilitada para operar en comercio exterior.
Una empresa agroexportadora deberá pagar 2 millones a la AFIP por operaciones realizadas con contratos de dólar futuro en 2015, informaron desde el gobierno nacional este lunes.
El juez Fabián Lorenzini rechazó las revocatorias presentadas por acreedores de Vicentin, quienes denunciaron que la propuesta de pago en algunos casos implica una quita del 80% de los créditos reclamados, y extendió el plazo para la presentación de los informes definitivos hasta el 31 de julio.
El máximo Tribunal provincial le exigió al magistrado que remita todo lo actuado. La resolución es a partir de la presentación de uno de los acreedores más importantes, que cuestionó que la convocatoria se desarrolle en paralelo a las investigaciones penales.
El juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, dio lugar al pedido de la compañía cerealera en contra de los planteos de la AFIP-DGA. También ordenó al Estado hacerse cargo la erogación de los costos del procedimiento.
La concursada compañía agroalimenticia negocia con tres firmas una capitalización, en una operación que le haría perder el control de la compañía a sus históricos dueños, ya que cederían el 90 por ciento.
La firma agrofinanciera, en quiebra hace meses, gana tiempo en miras de alcanzar un dilatado acuerdo con sus acreedores, variados y de abultado calibre.
El estudio también advierte que hay indicios del envío del dinero a “guaridas fiscales” como en Bahamas, Islas Vírgenes y Estados Unidos.
Tras la demorada presentación del balance 2019 se acumulan las presentaciones legales. La última fue la presentada por el poderoso grupo Grassi, que considera que la empresa realizó una megamaniobra defraudatoria, planificada con roles y tareas específicas con el fin de vaciar la empresa.
A raíz de denuncias de acreedores extranjeros, la Justicia investiga si la agroexportadora incurrió en vaciamiento de la empresa antes de pedir su propio concurso preventivo de acreedores.
El Grupo Vicentin se desprendió de uno de sus activos a manos del fondo de inversión BAF Capital, en una operación cuestionada. Claudio Lozano afirmó que la familia dueña de la cerealera, orquestó un plan sistemático para estafar y defraudar al Estado.
Tras una nueva reunión de conciliación convocada por el juez Lorenzini entre directivos de la agroexportadora y funcionarios provinciales, el secretario de Justicia Gabriel Somaglia confirmó que “le hicimos saber al magistrado que hasta aquí llegamos”.