Además, reclamó que «se reconozca que cualquier acto administrativo dirigido a suprimir, fusionar, transformar o intervenir la ANSV carecería de habilitación legal, y por lo tanto resultaría manifiestamente ilegítimo y violatorio de los principios constitucionales de legalidad, división de poderes, reserva de ley y estabilidad del empleo público».
Las medidas incluirán más recortes, cierres de organismos y lo que el Gobierno considera “reformas estructurales”, consideradas fundamentales por la administración libertaria antes del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso.
El funcionario igualmente indicó que este proceso de desregulaciones no culminará cuando termine ese plazo, sino que tendrá una etapa posterior luego de las elecciones de octubre.
Fue en el marco de la sesión especial que trata la ley ómnibus y aludieron al DNU, Agustina Propato de Unión por la Patria y Fernando Carbajal de la Unión Cívica Radical denunciaron irregularidades, delitos y animosidad política del Ejecutivo y del titular de diputados por incumplimiento de funcionario público.
