El fiscal Germán Moldes apeló la decisión de mantener archivada la denuncia del fallecido fiscal contra la ex presidenta por encubrimiento del atentado a la Amia. Por otro lado, la Daia pidió ser considerada querellante.
El fiscal general Fabián Céliz la presentó ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Niños (Ufisex) tras las polémicas declaraciones del ex líder de Bersuit Bergarabat.
La jueza de instrucción Fabiana Palmaghini ordenó la medida que alcanza al ex canciller, Héctor Timerman; al ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; al ex jefe del Ejército, César Milani entre otros funcionarios.
En la página web del organismo se pueden consultar los activos para promover el denominado sinceramiento fiscal. Conclusión dialogó con el tributarista Omar Rizzo, quien opinó sobre los alcances de la medida.
Así lo expresó el fiscal Federico Delgado de la causa que tiene preso al ex secretario de Obras Públicas José López. "Hubo al menos una connivencia para contener a López. Lo estaban esperando para que escondan el dinero", explicó.
En los trabajos participan Defensa Civil, personal de la Municipalidad y los peritos de la UNR designados para estudiar las causas de la explosión. Del resultado de las pericias dependerá el avance de la causa.
Santiago Kaplun, actual secretario general de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, consideró que el motivo de la muerte del fiscal está relacionado con "su denuncia" contra la ex presidenta Cristina Kirchner.
Pese al incremento de la deuda, el Ministerio de Hacienda y Finanzas señaló que "la trayectoria fiscal del primer semestre resulta consistente con el objetivo previsto en el programa fiscal".
Alejandra Rodríguez, representante de la justicia de General Rodríguez, fue quien hizo la solicitud al acusarlo de "portación ilegal de uso civil atenuada" por el fusil que llevaba cuando fue detenido el 14 de junio.
La Municipalidad invalidó momentáneamente la chapa del taxi e interrumpió la licencia profesional al titular del transporte público que fue denunciado por realizar un acto indebido frente a una pasajera.
Luego de que la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, designe a Eduardo Rosende como subrogante en la Fiscalía en la tramita la causa, el encargado de la Cámara del Crimen estalló contra ambos.
Así lo reveló Patricio Serjal, que encabeza la investigación. Están investigando los protocolos de actuación de los guardias de turno para establecer si hubo algún tipo de responsabilidad, ya sea "penosa o negligente".