Se trata de recursos destinados al Desarrollo Rural y la Agricultura Familia; el acceso a internet en barrios populares y a la construcción de Vivienda Social. El argumento oficial es que en algunos existieron “irregularidades”.
El titular del Palacio de Hacienda deberá realizar en los próximos 60 días una auditoría integral de todos los fondos, instancia en la que -según argumentaron oficialmente- comenzará un camino de control y fiscalización sobre la asignación de recursos.
«Apelamos a que la política comprenda que la transparencia tiene que estar por encima de todo y que le den lugar a lo que planteamos en la ley Ómnibus, que es la eliminación de estos fondos», exhortó el portavoz presidencial.
