Los fiscales de la Procunar lo imputaron por incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato, por demoras en la tramitación de un expediente contra el condenado Esteban Alvarado.
Así lo ordenó por 90 días el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz, aunque la misma no se hará efectiva debido a la inmunidad de arresto del magistrado, que solo puede revocarse con una suspensión del Consejo de la Magistratura. También se dictó un embargo sobre sus bienes.
El magistrado, que aún sigue en funciones, estás siendo investigado en tres diferentes causas: el desvío millonario de fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín a la financiera de Fernando Whpei, los vínculos con el contador de Esteban Alvarado y las consecuentes demoras en las investigaciones vinculadas al jefe narco, y presuntos delitos de cohecho.
