Definen si el ex juez Bailaque va a juicio en una causa en la que está acusado de favorecer a un narco
Los fiscales de la Procunar lo imputaron por incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato, por demoras en la tramitación de un expediente contra el condenado Esteban Alvarado.
El ex juez federal Marcelo Martín Bailaque, que renunció a su cargo luego de ser objeto de una serie de acusaciones penales por su despeño como magistrado y cumple prisión preventiva domiciliaria, enfrentará este miércoles desde las 10 una audiencia de control de la acusación en una de las causas en la que está imputado. Se trata del caso en el que fue acusado de incumplir los deberes de funcionario público y por prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley) por presuntas demoras en una investigación que tenía como principal sospechoso al condenado narcocriminal Esteban Alvarado.
En la audiencia se definirá si el proceso avanza a la etapa de juicio oral y las condiciones en las que se realizará, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF). Los fiscales que estarán a cargo de la acusación son el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Diego Iglesias; y el fiscal federal Matías Scilabra, de la Procunar región noroeste.
En ese caso, Bailaque está acusado de demorar la adopción de medidas en una causa en la que era investigado el narco Alvarado, jefe de una de las dos bandas criminales más importantes de Rosario, luego condenado a prisión perpetua. El expediente se inició en 2013 y, según los fiscales, el ahora ex juez federal omitió tomar resoluciones para favorecerlo.
También está involucrado en la investigación el contador Gabriel Mizzau, amigo personal de Bailaque y, a la vez, contador de una red de empresas utilizadas por la organización criminal de Alvarado para lavar dinero de origen ilícito. A la vez, un hijo de Mizzau fue empleado del juzgado que encabezaba el magistrado durante siete años, conchabo al que accedió sin concurso.
Mizzau padre figura como quien firma los estados contables de una sociedad denominada Logística Santino, utilizada por Alvarado para dotar de legalidad el dinero proveniente de actividades ilícitas como la venta de estupefacientes. Santino es el nombre de un hijo de Esteban Alvarado.
En esa causa, se le atribuye al ex juez Bailaque haber dictado resoluciones contrarias a la prueba y a los impulsos fiscales entre 2014 y 2015, lo que provocó la paralización de las investigaciones y favoreció directamente los intereses de Mizzau, amigo personal suyo y contador de empresas utilizadas por la organización criminal.
La acusación fiscal describe una actuación jurisdiccional direccionada que se apartó deliberadamente de los deberes de imparcialidad, legalidad y persecución penal que le incumbían como magistrado federal, según detalló el MPF.
Por su parte, a Mizzau se le imputa el delito de lavado de activos agravado, en carácter de autor, por haber intervenido como contador y auditor externo de sociedades utilizadas para canalizar y legitimar fondos provenientes de actividades criminales. La acusación detalla su rol profesional dentro del entramado societario vinculado a Alvarado y su relación personal y funcional con Bailaque, que habría contribuido a sostener la operatoria ilícita.
Además de esta causa, el ex magistrado federal que cumple prisión preventiva domiciliaria está acusado en otros dos casos, un por el presunto pedido de coimas en dólares y extorsión a dos empresarios rosarinos; y en un expediente por el supuesto desvío de fondos congelados a una cooperativa intervenida desde una entidad bancaria hacia una financiera de su amigo Fernando Whpei.