Desde la Unión de Empleados de Justicia de la Nación apuntaron al magistrado que está procesado por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, asociación ilícita, cohecho pasivo agravado y prevaricato.
En la presentación, se expresó una profunda preocupación institucional por la permanencia del magistrado en funciones mientras se desarrolla la investigación vinculada a la denominada causa Attila. El juez federal de Rosario está procesado por presuntos delitos de corrupción y se pidió su aplazamiento para resguardar la confianza pública en la justicia.
El secretario general de la de Unión de Empleados Judiciales de la Nación añadió que el magistrado «ya está investigado por otras causas gravísimas». También está sospechado de colaborar para que un empresario rosarino compre 10 millones de dólares al precio oficial en pleno cepo.
La comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura aprobó el pedido de copia de 26 concursos a los que se presentó el actual magistrado, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Rosario.
Desde la empresa rosarina señalaron que la multinacional Massalin pidió en mayo pasado la suspensión de un tributo que por otro lado solicitaba que sea pagado por pequeñas y medianas empresas locales del sector.
