Desde la Legislatura solicitan al Consejo de la Magistratura la suspensión del juez Salmain
En la presentación, se expresó una profunda preocupación institucional por la permanencia del magistrado en funciones mientras se desarrolla la investigación vinculada a la denominada causa Attila. El juez federal de Rosario está procesado por presuntos delitos de corrupción y se pidió su aplazamiento para resguardar la confianza pública en la justicia.
Desde la Cámara de Diputados de Santa Fe presentaron un pedido formal al Consejo de la Magistratura de la Nación Argentina para suspender y remover al juez federal de Rosario, Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1, al considerar que su continuidad en el cargo resulta incompatible con el avance de la investigación penal en la que se encuentra procesado por presuntos delitos de corrupción.
En la presentación, se expresó una profunda preocupación institucional por la permanencia del magistrado en funciones mientras se desarrolla la investigación vinculada a la denominada causa Attila. En ese expediente, Salmain está procesado por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, asociación ilícita, cohecho pasivo agravado (aceptación de dádivas) y prevaricato.
De acuerdo con esa investigación judicial, el magistrado habría dictado resoluciones que permitieron que una financiera accediera a aproximadamente 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial durante la vigencia del cepo cambiario, facilitando luego su transferencia al exterior.
Además, en el marco de la investigación penal en curso, el juez federal Román Lanzón autorizó recientemente el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de Salmain por un plazo de noventa días, a pedido del fiscal Federico Reynares Solari, con el objetivo de analizar posibles irregularidades patrimoniales vinculadas al presunto direccionamiento de causas previsionales.
En ese marco, la diputada provincial Lionella Cattalini solicitó al Consejo de la Magistratura que disponga la suspensión preventiva del magistrado mientras avanzan las investigaciones, con el objetivo de resguardar la integridad institucional del Poder Judicial y preservar la confianza pública en la administración de justicia.