La caravana azucarera recorrerá unos 300 kilómetros entre las provincias de Salta y Jujuy y reclamará la reincorporación de los 1500 despedidos y que no haya nuevas cesantías.
El hecho ocurrió el 9 de febrero a la altura de la localidad de Carlos Casares. Allí, Gendarmería Nacional reprimió la manifestación que se llevaba a cabo al costado de la ruta. Los detenidos están golpeados e incomunicados.
La señal cesanteó una docena de empleados y levantó la programación. Desde el gremio de prensa reclaman la inmediata reincorporación.
Se realizará desde las 14 en la sede de Azopardo. Según el comunicado firmado por Schmid y Acuña, allí se analizará "la situación social y económica" del país y se pondrá a consideración el "documento realizado en Mar del Plata".
Los trabajadores del Hospital cortaron la 9 de julio para pedir la reincorporación de los cesanteados. Dentro y fuera del edificio del INTI el personal lleva a cabo una permanencia pacífica.
La huelga fue decidida por unanimidad en asambleas de los gremios Luz y Fuerza, La Fraternidad, ATE y la Asociación del Personal Superior (APSPyT) que conforman la intersindical.
La organización sindical que conduce Sergio Palazzo calificó como "obscena" la propuesta, y adelantó que adoptará medidas de fuerza si las cámaras empresarias incumplen el vigente acuerdo paritario.
La delegación estará compuesta por dirigentes de Buenos Aires, Jujuy, Chubut, Misiones y Santiago del Estero, que forman parte de movimientos campesinos, indígenas barriales y de la economía popular.
No parece muy casual que después de anunciar que se incorporará el proyecto en las sesiones extraordinarias de febrero, el camionero es tapa de Clarín por una supuesta acusación de Pablo “Bebote” Alvarez
Martínez, designado presidente del L20 durante el mismo lapso que el país, encabezó desde las 17 el acto en la sede del gremio junto con Pedro Villagra Delgado, delegado "sherpa" (negociador) del G-20 en representación del Gobierno, dirigentes de la CGT y de las dos CTA y funcionarios.
Se llegó a un acuerdo entre la organización de trabajadores y el gobierno de la provincia para poner fin a la medida de fuerza en el sector de la salud.
Con motivo a los cambios que planea el gobierno en materia laboral y previsional, quieren que no se tome ninguna decisión sin pasar antes por manos del Confederal.