La Cámara de Diputados iniciará este lunes el debate de la nueva Ley de Bases que negoció en su totalidad con los bloques «dialoguistas» durante más de un mes, tras el estrepitoso fracaso de febrero, y que incluirá el paquete fiscal.

El comienzo está previsto para el mediodía y se producirá a menos de un mes de la convocatoria al Pacto del 25 de Mayo, motorizado por el presidente Javier Milei.

El oficialismo arribó a un consenso mayoritario recién el miércoles pasado, después de extensas rondas de negociaciones que se desarrollaron entre la Casa Rosada y el Congreso de la Nación.

Eso destrabó el tire y afloje y permitió que, el jueves pasado, se realizará el plenario de comisiones en el que lograron plasmar un dictamen de mayoría.

De esta manera, el proyecto quedó listo para tratarse este lunes. La sesión se extendería al martes y, posiblemente, también el miércoles a la madrugada.

La Libertad Avanza (LLA) intentó en reiteradas oportunidades abarcar varios ejes reformistas, pero algunos tópicos que impulsaban determinados bloques eran rechazados por otros y viceversa.

La versión final no terminó de conformar a nadie a excepción del oficialismo, naturalmente, y el PRO.

Pese a esto, su votación en general está garantizada con un piso de 135 votos a favor, según adelantaros fuentes parlamentarias de LLA. También remarcaron que difícilmente puedan perforar los 150 votos, que sería el techo.

En el pelotón de apoyos aparecen los 38 votos de La Libertad Avanza, dos de Buenos Aires Libre, tres del MID, tres de Independencia, 37 del PRO, al menos 17 de los 22 de Hacemos Coalición Federal, al menos 29 de los 35 radicales, los ocho de Innovación Federal y uno de Creo.

La parte más difusa y empinada vendrá después, en la votación en particular, ya que hay artículos que penden de un hilo y podrían caerse si el oficialismo no ajusta las clavijas hasta el último momento.

Pese a renegar de la política, la fuerza del Gobierno deberá maniobrar con astucia y pericia hasta el final para que no se le escabulla ningún voto.

El oficialismo debió sacrificar artículos para poder arrimar un dictamen que fuera firmable por las fuerzas de la oposición light.

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Por ejemplo, eliminó el artículo sobre desregulación económica, quitó el capítulo entero de Defensa de la Competencia, redujo a cuatro las declaraciones de emergencia y achicó a apenas ocho la lista de empresas sujetas a privatización (dejando afuera el Banco Nación).

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Además, amplió la lista de organismos del Estado a salvo de cualquier intento de disolución y suprimió el capítulo sobre consolidación de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses que habilitaba la venta de acciones.

Pese a compactar el proyecto, igualmente quedó un mamotreto de 240 artículos y 162 páginas, que será desmenuzado en el recinto durante al menos dos jornadas de debate a partir del lunes al mediodía.