La empresa, que ya opera tareas de dragado desde la década de 1990, se impuso en la licitación a la también belga DEME Group y quedó en condiciones de asumir un contrato que prevé inversiones por unos U$S10.000 millones para profundizar y ampliar la vía navegable.
El diputado advirtió sobre presuntas fallas ambientales, falta de consulta a las provincias y posibles beneficios direccionados en la nueva licitación del dragado del río Paraná. También cuestionó la exclusión de empresas con participación estatal y alertó sobre riesgos ecológicos y de soberanía.
El pliego especifica que no podrán ser oferentes aquellas entidades legales cuyo control, directo o indirecto, recaiga en Estados soberanos o sus agencias.
El entendimiento surge en el marco de las Mesas de Diálogo Intersectorial impulsadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, y apunta a garantizar previsibilidad, eficiencia y sustentabilidad en el uso de la principal vía de salida de las exportaciones argentinas.
Lo informó el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, quien dijo que se presentó un borrador al Gobierno nacional para modificar la ley de cabotaje, que data de 1944.
