La medida de fuerza de prácticos, pilotos y baqueanos afecta el funcionamiento de las principales terminales portuarias y compromete cerca del 80% del comercio exterior argentino. El conflicto se originó tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026.
La empresa, que ya opera tareas de dragado desde la década de 1990, se impuso en la licitación a la también belga DEME Group y quedó en condiciones de asumir un contrato que prevé inversiones por unos U$S10.000 millones para profundizar y ampliar la vía navegable.
El diputado advirtió sobre presuntas fallas ambientales, falta de consulta a las provincias y posibles beneficios direccionados en la nueva licitación del dragado del río Paraná. También cuestionó la exclusión de empresas con participación estatal y alertó sobre riesgos ecológicos y de soberanía.
El pliego especifica que no podrán ser oferentes aquellas entidades legales cuyo control, directo o indirecto, recaiga en Estados soberanos o sus agencias.
El entendimiento surge en el marco de las Mesas de Diálogo Intersectorial impulsadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, y apunta a garantizar previsibilidad, eficiencia y sustentabilidad en el uso de la principal vía de salida de las exportaciones argentinas.
