Los primeros cuatro meses de gestión de Javier Milei se caracterizaron por una feroz licuación de salarios y jubilaciones, junto a una liberación en el precio de bienes y servicio. Paralelamente, el dólar se estancó y la tasa de interés de los plazos fijos es cada vez más baja, por lo que escasean los mecanismos de ahorro.
El Observatorio de la Deuda Social de la UCA estimó que de un total de 20 millones de trabajadores ocupados, ya sea en empleos formales o informales, 6,5 millones se encuentran en situación de pobreza.
A pesar de que en marzo la jubilación mínima aumentó poco más del 27%, este haber aún no recompone lo perdido en diciembre, cuando alcanzaba para comprar los alimentos básicos para dos personas.
La acción confirmó que el fin de lucro es un requisito indispensable para el cobro del impuesto sobre los ingresos brutos.
En una audiencia pública, la Secretaría de Energía propuso cambios en los subsidios energéticos con la idea de reducir el gasto público. Si bien se prevé subvencionar de acuerdo a los ingresos de los usuarios, también se tendrá en cuenta en qué región del país viven.
El límite de ingresos a nivel individual pasa de $1.980.000 a $1.077.403 y de $3.960.000 a $2.154.806 el tope máximo familiar.
Algunas caídas registradas en los ingresos fueron compensadas a través de un incremento del 10% en la recaudación proveniente del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Dicho crecimiento se vio impulsado por la aceleración de la inflación.
Este viernes se oficializaron los aumentos de Edenor y Edusur, los cuales oscilarán entre el 65% y el 150%, dependiendo del nivel de ingresos y del consumo de los usuarios. Además, desde abril la tarifas se actualizarán mensualmente, en base a la inflación.
Para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y no caer en la indigencia, un rosarino necesitó en el primer mes del año ingresos mayores a $91.314. Como la jubilación y el salario mínimo no aumentaron, su poder de compra ante este indicador cayo más del 15%.
Los agricultores denuncian la caída de los ingresos, las bajas pensiones, la complejidad administrativa, la inflación de las normas ambientales y la competencia extranjera. Más que de los precios, denunciaron que el problema que tienen es el de costo de la producción.
La gestión de Maximiliano Pullaro presentó un informe para respaldar la postura que mantendrá en las negociaciones salariales.
El funcionario comunicó oficialmente la decisión de congelar "todos los planes sociales que tengan intermediarios" e invitó a los gobiernos provinciales a ejecutar el protocolo de orden público anunciado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.