Tras las desregulaciones nacionales, la Asociación de Consumidores de Rosario aclara la vigencia de los derechos en los alquileres: mientras los propietarios deben costear las reparaciones estructurales, el Código Civil y Comercial sigue rigiendo las obligaciones de ambas partes para evitar conflictos al final del contrato.
La normativa, que ya cuenta con media sanción en el Senado, busca acelerar los tiempos de expulsión de los inquilinos, eliminando garantías procesales básicas. Denuncian que el proyecto consagra a la vivienda como un «negocio» y desprotege totalmente a quienes no pueden afrontar los pagos en un contexto de asfixia económica.
El senador Mariano Recalde celebró el rechazo a la modificación de la Ley de Tierras, pero advirtió que el texto aprobado mantiene capítulos que, complican el acceso a la vivienda, habilitan desalojos y limitan la capacidad del Estado para expropiar por utilidad pública.
“Recomendamos a los inquilinos acudir a la Oficina del Consumidor para evitar la judialización, que puede multiplicar varias veces la deuda”, aconsejaron desde el organismo, en diálogo con Conclusión.
Mientras crece la mora de alquileres y expensas, la Oficina del Consumidor habilitó un registro voluntario para quienes se vieron afectados por la empresa Bauen Pilay.
