En esta oportunidad Gisela Gentile y Alejandro Maidana dialogaron con la abogada Candela De Marchi, para analizar en profundidad las persecuciones judiciales y mediáticas que padecen los lideres políticos que representan intereses populares.
El escrito fue dado a conocer en sus cuentas de distintas de redes sociales por el dirigente social Juan Grabois. Quien apuntó que el objetivo estratégico de los agresores es garantizar las mejores condiciones para el despojo y la sobreexplotación.
Lo afirmó el diputado Tailhade -con las disculpas del caso- y analizó que el lawfare tiene más poder que antes, además, señaló que esto sucedió porque "no se hizo nada" para contrarrestar "el poder de jueces y fiscales".
La actividad contará con la presentación del ex juez de Sentencia y docente Antonio Ramos, y el diputado y periodista Carlos del Frade, autor del libro "El caso del juez Triglia, otro de hecho de lawfare en la Argentina" será otro de los expositores.
Desde la federación que agrupa las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores del sector especificaron que “la acción judicial exprés fue motorizada por el denominado Movimiento Empresarial Antibloqueo, un grupo de choque referenciado en Patricia Bullrich, presidenta del PRO”.
El magistrado, quien aspiraba a recuperar la presidencia de la Corte pero fue postergado por Horacio Rosatti, reivindicó que el máximo tribunal "tiene que ser independiente y resistir cualquier tipo de presión".
"Van a quedar en la historia como la peor Corte que hubo, los que más delitos cometieron y encubrieron", dijo el juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan María Ramos Padilla.
El copresidente de la APDH, Eduardo Tavani, dijo en un comunicado que "la demanda del 1 de febrero es en las calles y en las plazas de toda la Argentina" y sostuvo que "la APDH dice presente, cómo lo ha estado siempre, una vez más junto a otros organismos hermanos, organizaciones sociales, centrales de trabajadoras y trabajadores, sindicatos y la inmensa mayoría del pueblo".
La secretaria general de la entidad gremial, Graciela Aleñá, indicó que ello formaba parte de las maniobras de la denominada mesa judicial que operó durante los gobiernos de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal.
El ex magistrado, dialogó con Conclusión y manifestó que los delitos perpetrados "por esta banda criminal que comandaba Mauricio Macri en todo el país" puede encuadrarse como delito de sedición.
Así lo revela el acta del procedimiento que redactó uno de los suboficiales que intervino en el operativo. El documento dice textualmente: "...el fin de proceder al secuestro de celulares, computadoras y todo otro elemento de almacenamiento de datos, ya sea en soporte electrónico y/o papel. Asimismo, por orden la fiscal María Jíménez, el procedimiento deberá llevarse a cabo sin la presencia de testigos".
Así lo afirmó el ex ministro de Seguridad provincial, quien habló de "lawfare" y aseguró que todas las acusaciones en su contra no son más que "la reacción de algunos sectores políticos y judiciales" a las investigaciones que impulsó desde sus cargos.