El Poder Ejecutivo promulgó la normativa pero dejó en suspenso su aplicación con una batería de argumentos que -tal advierten abogados y políticos- «rompen el Estado de derecho».
La oposición en la Cámara baja convocó la sesión para declarar la normativa que garantiza la atención a personas con discapacidad. Desde el sector reclaman que no se les abona en tiempo y forma a los prestadores, por lo tanto se ve resentido el servicio.
