El Senado trata la Ley de Discapacidad: “Nos permitiría tener un marco legal para reclamar el cumplimiento”
La iniciativa que se trata en el Congreso busca convertir las disposiciones de la emergencia en discapacidad en una norma permanente y de orden público, con efectos que trascienden a los gobiernos de turno.
- Nacional
- Nov 19, 2026
La Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) pidió que el Senado de la Nación apruebe este jueves el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. En concreto, la iniciativa replica la emergencia del sector, que vence en diciembre.
En diálogo con Conclusión, la presidenta de Apridis, Mariel Chapero, manifestó: “Originalmente íbamos por la prórroga de la emergencia en discapacidad y a partir de que el Gobierno presentó un proyecto propio para reemplazar esa emergencia, propusimos una serie de modificaciones que eran absolutamente necesarias para que no haya regresividad en materia de derechos”.
“No se puede legislar regresivamente y consideramos que mínimamente tenemos un resguardo que protege al sector, tanto a las personas usuarias como a los prestadores, para tener al menos un marco legal que nos permita después reclamar que se cumpla la normativa”, añadió.
Chapero recordó que la emergencia en discapacidad vence a fin de año, al tiempo que alertó que la crisis del sector “está instalada y se profundiza”. En este sentido, señaló que si el Senado aprueba este proyecto, el país tendría “una ley que permite la sostenibilidad del sistema y un marco legal para reclamar que esa normativa se cumpla y se puedan sostener las prestaciones”.
Si bien la titular de Apridis observó que la gestión de Javier Milei no implementa las iniciativas votadas en el Congreso de la Nación, apuntó: “Sin ley tampoco tenemos un marco para reclamar que la normativa se cumpla”.
Por último, Chapero estimó que el 2027 será un año “muy difícil”: “Vamos a sostener la lucha, como lo venimos haciendo, y a seguir trabajando para generar condiciones de dignidad para las personas con discapacidad, para la sostenibilidad del sistema previsional y para todo lo que hacemos los trabajadores y trabajadoras”.
¿En qué consiste el proyecto?
El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, replica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793 (que vence en diciembre), pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad.
La iniciativa busca convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público, con efectos que trascienden a los gobiernos de turno.
Entre sus principales puntos, permite mantener la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria —vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC)— y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
Por otra parte, crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (Renaper), bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Finalmente, a pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.

