Organizaciones que trabajan con personas con discapacidad realizaron una intervención en el Concejo Municipal de Rosario y rechazaron de lleno la nueva ley que el gobierno de Javier Milei impulsa para el sector. Asimismo, alertaron que tanto los centros de día como el transporte están en una situación crítica.
Transportistas, profesionales e instituciones que trabajan con personas con discapacidad protestaron en la Plaza 25 de Mayo para pedir que el Gobierno nacional ponga en funcionamiento la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para personas con Discapacidad dialogó con Conclusión y marcó que el texto «aborda todo parcialmente» y no responde al escenario crítico que atraviesa el sector.
«Dicen que necesitan tiempo, pero las instituciones, los prestadores y las personas con discapacidad ya no tienen ese tiempo. Las prestaciones se dejaron de brindar y los problemas se van a ir incrementando» sentenció Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis).
La referente de Apridis, Mariel Chapero, se lamentó por la inclusión en el Presupuesto 2026 de la derogación del financiamiento de la emergencia en discapacidad y de las universidades nacionales, ambas leyes votadas cuatro veces en el Congreso. «Evidentemente no hay condiciones para incluir la posibilidad de pensar que el pueblo argentino necesita vivir dignamente y acceder a condiciones básicas para su existencia. No entra en la agenda del Gobierno».
