Discapacidad en estado crítico: tras el cierre de la Andis la situación «empeoró»
"Dicen que necesitan tiempo, pero las instituciones, los prestadores y las personas con discapacidad ya no tienen ese tiempo. Las prestaciones se dejaron de brindar y los problemas se van a ir incrementando" sentenció Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis).
El Gobierno avanzó sin medias tintas con la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que administra las pensiones para personas con discapacidad. Luego de esta decisión del Gobierno nacional, las funciones fueron transferidas al Ministerio de Salud de la Nación. Diferentes agrupaciones y asociaciones mostraron su descontento y resaltaron que la situación es cada vez más crítica.
El estado del sector se agudiza aún más por no se implementa la Ley de Emergencia en Discapacidad, más allá de que el Gobierno nacional presentó un escrito ante la Justicia federal de Campana comprometiéndose a iniciar la implementación de la misma, las organizaciones del sector desconfían de los tiempos y de la voluntad real del gobierno de Javier Milei.
En este sentido fue el juez Adrián González Charvay, quien había intimado al Gobierno a asignar los fondos necesarios para la ley, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas a ministros y funcionarios nacionales. A través de la Procuración del Tesoro, el Ejecutivo solicitó más tiempo para cumplir con la norma. Situación que traba y extiende los plazos de aquellos que no pueden esperar para la prestación de un servicio o la realización de determinada terapia.
En ese marco, Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis), señaló que: “El Gobierno plantea esto como una cuestión organizativa, pero hoy la situación no permite cumplir con los compromisos que tenía la Andis. Deberíamos haber cobrado en diciembre y no pasó, no por falta de presupuesto sino por falta de personal y por la burocracia del Estado”.
Un sector que no puede esperar. “Dicen que necesitan tiempo, pero las instituciones, los prestadores y las personas con discapacidad ya no tienen ese tiempo. Las prestaciones se dejaron de brindar y los problemas se van a ir incrementando”, agregó la presidenta de Apridis en tono alarmante
Además enumeró las deudas del Estado hacia el sector: recomposición de pensiones, pagos atrasados y dificultades de acceso al sistema de prestaciones.
Para finalizar, Chapero resaltó la problemática que atraviesan los usuarios: “Hay personas que buscan prestadores y no los encuentran, otras que se quedan sin obra social y, por lo tanto, sin acceso a prestaciones que no existen en el sistema público”, planteó la referente del sector de las instituciones.