Rechazo a las reformas que Nación quiere aplicar en leyes de discapacidad: “Se trata de que no se violen derechos”
Organizaciones que trabajan con personas con discapacidad realizaron una intervención en el Concejo Municipal de Rosario y rechazaron de lleno la nueva ley que el gobierno de Javier Milei impulsa para el sector. Asimismo, alertaron que tanto los centros de día como el transporte están en una situación crítica.
Las organizaciones rosarinas que trabajan con personas con discapacidad realizaron durante la mañana de este jueves una intervención en el Concejo Municipal de la ciudad para rechazar las reformas que el gobierno de Javier Milei planea aplicar en las leyes que están vigentes en la materia.
En diálogo con Conclusión, el vicepresidente de la Asociación Provincial de Instituciones para personas con Discapacidad (Apridis), Luciano Urrutia, manifestó: “En medio de un ensañamiento muy claro por parte del Gobierno nacional para con el sector de discapacidad y ante el incumplimiento de la Ley de Emergencia por el que tanto trabajamos el año pasado, este jueves el Poder Ejecutivo envió un proyecto que modifica la actual legislación y retrocede sobre los pasos de la declaración de la emergencia. En cuanto al atraso arancelario, hay financiadores que llevan seis meses sin pagar, a nivel nacional y provincial, porque el Iapos (la obra social de los estatales santafesinos) está en esa situación”.
“Para nosotros –añadió– es verdaderamente insostenible. Las instituciones y los transportes están quebrados. Los que no cerraron, aplicaron recortes internos o suspendieron servicios o dispositivos para poder sostener lo mínimo e indispensable, que es la luz prendida, la puerta abierta y la comida. Para muchos usuarios y familias, somos el único sostén diario con el que cuentan. Hay transportes que ya no realizan más los traslados, es una situación verdaderamente calamitosa y el Gobierno nacional pretende que este sistema que tiene 27 años, elogiado por muchas generaciones, desaparezca”.
Por su parte, la titular de Apridis, Mariel Chapero, destacó: “La situación nacional implica un abordaje desde el Concejo, que tiene espacios con representación nacional. Lo que solicitamos a través de documentarnos es que funcionarios y legisladores puedan hacerse cargo de acompañar las necesidades de un sector que también los votó frente al proyecto terrible que se ha presentado como modificación de la Ley de Discapacidad y de la Ley de Emergencia en Discapacidad”.
“Por otra parte, solicitamos parches para subsistir, como poder renovar la condonación de las deudas del Derecho de Registro e Inspección (Drei). Estamos endeudados porque la prioridad es sostener el pago a los trabajadores. También pedimos algún beneficio en el transporte público para las personas que brindan servicios en instituciones de discapacidad, para generarles un alivio en su bolsillo. Hay una deserción muy importante y eso en discapacidad es muy grave, porque a los usuarios les lleva tiempo adaptarse a un nuevo profesor o profesional. Armar un vínculo no es fácil y la salida de trabajadores por la falta de pago y precarización genera un deterioro enorme en la calidad de funcionamiento y en el servicio que brindamos”, cerró Chapero.
A su turno, el abogado, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencia Política y padre de una joven con discapacidad, Raúl Borello, expresó: “Acá se trata de que no se violen Derechos Humanos. Los centros de día son el universo de la persona discapacitada, es el mundo en el cual se desarrolla y, fundamentalmente, es el espacio donde se cumple el mandato constitucional y del Código Civil y Comercial de enseñarles a ser libres, autónomos y a guiarse por sí mismos”.
“El mandato del Estado argentino ante los tratados internaciones de Derechos Humanos es enseñarle a las personas discapacitadas a ser autónomas, libres e independientes, y eso se logra en los centros de día con instructores y profesores especializados. Cuando el Estado nacional desprotege esta infraestructura, está violando la Constitución Nacional. La protección de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad es una obligación indelegable del Estado argentino”, añadió el profesional.
Y, al ser consultado sobre quién resguarda los derechos de las personas con discapacidad, apuntó: “En el sistema republicano de poderes el Congreso de la Nación y los jueces –aunque estos últimos no pueden actuar de oficio, sino que deben hacerlo cuando reciben denuncias– son quienes deben controlar que el Poder Ejecutivo no viole la ley. Cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994 se estableció en el artículo 75 que el Poder Legislativo debe velar por el apoyo y acciones concretas para las personas con discapacidad”.
Tras asegurar que el Gobierno nacional debería “aumentar los presupuestos para discapacidad”, Borello alertó: “En la pandemia nuestros hijos no podían ir a los centros de día y fue gravísimo. Nosotros podemos ir a donde queremos, pero la persona discapacitada no. El centro de día es su universo, el mundo en el que se desarrolla. Si nosotros logramos que no se cierren estas instituciones, vamos a evitar sufrimiento. Se trata de evitar que personas y seres humanos sufran, no de otra cosa”.