El martes de la semana pasada, Cormick declaró inconstitucional el decreto que Javier Milei firmó para no cumplir con la normativa, que había sido aprobada por el Congreso y cuya vigencia ambas Cámaras habían ratificado tras el veto del Presidente.
Desde el 6 de noviembre que corresponde tradicionalmente al Día del Bancario, hasta el martes 10, no habrá actividad del sector en todo el país.
El diputado nacional advirtió que el proyecto oficialista fue elaborado sin debate con la oposición ni con las organizaciones de personas con discapacidad. Reclamó prorrogar la emergencia, garantizar el pago a los prestadores y modificar el capítulo del Presupuesto 2027 que, según sostuvo, “destruye la ley de emergencia en discapacidad y el sistema de prestaciones”.
En un escenario signado por la contracción manufacturera y subas tarifarias en energía de hasta el 100%, la cúpula industrial acercó al Ejecutivo un conjunto de propuestas fiscales y crediticias. Los funcionarios mostraron receptividad pero supeditaron cualquier avance a las restricciones de las cuentas públicas, mientras que los informes oficiales omiten precisar el impacto específico sobre las plantas fabriles de Rosario y la provincia de Santa Fe.
Sus declaraciones coincidieron con los cuestionamientos públicos formulados por la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, a raíz de la inclusión de esos cambios sin su conocimiento.
