El entendimiento del Estado Nacional con Attestor Master Value y Bainbridge Fund podría cerrar uno de los capítulos judiciales más largos de la deuda argentina en tribunales de Estados Unidos. Sin embargo, no queda establecido si otros recursos quedan anulados, como el pedido para obtener las acciones estatales de YPF. El caso está en manos de la jueza Loretta Preska en Nueva York.
En un documento de 29 páginas, la justicia norteamericana considera que “el litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para los Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”.
El Tribunal tomó así la decisión en torno de la moción de nuestro país, que solicitaba la suspensión del proceso de descubrimiento posterior a la sentencia y los procedimientos de desacato relacionados, en tanto continúa la espera de la apelación contra la sentencia definitiva.
Los beneficiarios del fallo buscan cobrar cuanto antes los USD 16.000 millones (más intereses) por la sentencia que recibieron a su favor por parte de la magistrada neoyorquina, pero ante la decisión de apelar por parte de los representantes legales del país, continúan con distintas estrategias judiciales para presionar y lograr que al menos el Gobierno decida comenzar a negociar.
La compañía británica, que compró los derechos de litigio de esta causa y es el principal beneficiario del caso, habló por primera vez por medio de un comunicado en el que “para comodidad de los inversores”, sintetizó información sobre la evolución y el estado de la causa.
