Juicio por YPF: fondo buitre presiona a Argentina para que entregue chats de funcionarios
Los beneficiarios del fallo buscan cobrar cuanto antes los USD 16.000 millones (más intereses) por la sentencia que recibieron a su favor por parte de la magistrada neoyorquina, pero ante la decisión de apelar por parte de los representantes legales del país, continúan con distintas estrategias judiciales para presionar y lograr que al menos el Gobierno decida comenzar a negociar.
El fondo británico Burford Capital, mediante los grupos Eton Park y Petersen, le solicitó a la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que establezca una fecha límite para que Argentina entregue los chats de funcionarios, entre ellos los de Sergio Massa, Luis Caputo y Pablo Quirno, en el marco del juicio por la expropiación de YPF.
«Los demandantes solicitan respetuosamente que el Tribunal ordene a la República que complete sustancialmente su producción de comunicaciones fuera de canal con entidades alter ego para los 11 oficiales adicionales a más tardar el 16 de diciembre de 2025, y que realice la producción para los otros 14 funcionarios a más tardar el 23 de diciembre de 2025″, exigieron mediante una carta.
Los beneficiarios del fallo buscan cobrar cuanto antes los USD 16.000 millones (más intereses) por la sentencia que recibieron a su favor por parte de la magistrada neoyorquina, pero ante la decisión de apelar por parte de los representantes legales del país, continúan con distintas estrategias judiciales para presionar y lograr que al menos el Gobierno decida comenzar a negociar.
«Las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias. En caso de existir conversaciones tendientes a un acuerdo, no se realizará comunicación pública alguna hasta su conclusión», habían asegurado en Burford el pasado 22 de octubre a través de un comunicado.
En este caso particular, los fondos extranjeros buscan comprobar que distintos organismos y empresas estatales, como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas funcionan en realidad como alter egos del Estado, por lo que de llegar a comprobarlo podrían embargar bienes correspondientes a dichas entidades. En ese marco, comprenden que los mensajes entre los funcionarios del país podrían resultar en evidencia clave.
«Me atrevo a decir que los demandantes pronto podrían pedir que Preska aplique sanciones contra el país. Podemos especular sobre qué tipo de sanciones pueden pedir, pero incluye el desacato. La semana que viene, Argentina debe confirmarle a Preska si los funcionarios y ex funcionarios que se han negado presentar sus celulares lo van a hacer», indicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.
En tanto, Preska determinó que el país debía presentar avances en la producción de documentos y entrega de información para el próximo 10 de enero y fijó una nueva audiencia para el 29.
Por su parte, la Procuración del Tesoro -encargada de la defensa- respondió que ya proporcionó diversos documentos, aunque de manera parcial, y que se está contactando con los distintos funcionarios para obtener su cooperación.
Según un escrito presentado por los abogados del país, aún no tuvieron respuesta de Massa, Juan Manzur, Eduardo «Wado» De Pedro, Agustín Rossi, Federico Bernal, Flavia Royón, Raúl Rigo, Matías Tombolini y Guillermo Michel, entre aquellos que pertenecían al gobierno de Alberto Fernández.
En relación a la gestión actual se esperan las respuestas del viceministro de Economía, José Luis Daza, del Tesorero General de la Nación, Jorge Horacio Domper; del ex subsecretario de Hidrocarburos Luis De Ridder y del exjefe de Gabinete Nicolás Posse. Quienes ya aceptaron colaborar fueron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; la secretaria de Energía, María Tettamanti; el secretario de Transporte, Luis Pierrini; y el ex ministro coordinador Guillermo Francos.