Los senadores buscan soluciones para los municipios que no pueden afrontar sus gastos, como la utilización de un porcentaje del Fondo de Obras Menores.
Entre los municipios que eligen sus autoridades se cuentan Cosquín, Santa Rosa de Calamuchita, Oliva, Comechingones, Lucio V. Mansilla, Santa Eufemia, Villa de las Rosas, Colazo y Villa del Prado. Otros ya lo hicieron el 14 de abril y los restantes lo harán el 12 de mayo.
Las elecciones para intendentes y concejales en poco más de un tercio de municipios y comunas de Córdoba finalizaron esta tarde con normalidad.
Tras una extensa reunión, tanto la representación gremial como los emisarios de comunas y municipios santafesinos acordaron una actualización salarial del 15%, en dos tramos y sujeta a cláusula gatillo que acompañe la inflación.
La provincia utilizaba el 70% para hacer rutas provinciales o repavimentaciones de rutas existentes, hospitales, escuelas, el 30% restante era para las localidades del interior.
Le solicitaron a la Legislatura y al Gobierno provincial modificar la Ley de Obras Menores, clarificar el estado de la ley que regula la transferencia de recursos a municipios y comunas, “exigir” el cambio de la actual ley de coparticipación y dar marcha atrás a la eliminación del fondo sojero.
Entre la eliminación del Fondo Sojero y el traspaso de los subsidios de transporte. Evalúan de dónde ajustar $25 mil millones.
La Junta Electoral bonaerense dispuso la caducidad de la personería política de seis partidos políticos municipales por no haberse presentado en ningún distrito en dos elecciones consecutivas.
En Roldán se concreta el categórico triunfo de José María Pedretti, en San Lorenzo el raimundismo obtiene una amplía diferencia y en Fray Luis Beltrán el dirigente más votado es el Justicialista Mariano Cominelli.
Por David Narciso
Para la provincia, la deuda actualizada es de unos 50 mil millones de pesos. Muchos intendentes y jefes comunales recibirían más que su presupuesto anual.
Distintos representantes de la provincia participaron en un encuentro para establecer pisos mínimos que conformen una regulación unificada para eventos masivos. El modelo implementado en Rosario sería el que se seguiría.