La Asamblea Legislativa de aquel país dio visto bueno al proyecto impulsado por el presidente Nayib Bukele, incorporando la pena dentro del catálogo excepcional a aquellos que hayan cometido homicidios, violaciones y actos terroristas pandilleros.
El gobernador volvió a realizar una recorrida por el predio penitenciario que, espera, esté terminado en septiembre u octubre de este año. Dijo que el presidio va a ser más seguro que las cárceles del presidente Bukele en El Salvador y que será el gobierno que hizo más plazas.
El presidente salvadoreño atribuye la histórica baja de violencia al Plan Control Territorial y al régimen de excepción contra las pandillas, que permitió la detención de cerca de 90.000 personas, aunque la medida genera polémica por presuntas violaciones a los Derechos Humanos.
El Congreso salvadoreño, dominado por el oficialismo, aprobó una reforma constitucional que permite la reelección indefinida del presidente Nayib Bukele. La oposición denuncia el fin del Estado de Derecho y organismos internacionales alertan sobre el debilitamiento de la democracia.
Por un acuerdo bilateral, un total de 252 venezolanos que habían sido deportados por el Gobierno de Donald Trump y enviados a una prisión de alta seguridad salvadoreña fueron repatriados por su país, como así también diez ciudadanos estadounidenses que se encontraban detenidos en territorio sudamericano.
