En una dura exposición parlamentaria, referentes de derechos humanos criticaron la alarmante arbitrariedad y lentitud de la Justicia Federal. Advirtieron que, de los 1.237 condenados en el país, apenas 82 están en cárceles comunes.
El juez federal Luis Armella resolvió archivar el expediente tras avalar el dictamen del fiscal Sergio Mola. Consideraron que no hubo irregularidades por parte del Servicio Penitenciario Federal, como sostenía la ministra Patricia Bullrich.
A través de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR destacaron que “militares juzgados y condenados por torturas, desaparición de personas, homicidios y privación ilegítima de la libertad pasarán a gozar de canchas de tenis, espacios de caminata, heladeras individuales, entre otros privilegios con los que no cuentan los presos comunes”.
La presidenta de Peticiones, la diputada del Pro Silvia Lospennato, dijo que a los diputados que estuvieron con los represores se les había cursado la invitación para formular sus descargos, que incluso “se les dio la posibilidad de hacerlo por escrito”.
La decisión se adoptará en una reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, convocada para las 14.30 en el Anexo de la Cámara de Diputados, por la presidente de ese cuerpo, Silvia Lospennato (PRO).
