La Justicia cerró la causa por la visita de diputados libertarios a represores en Ezeiza
El juez federal Luis Armella resolvió archivar el expediente tras avalar el dictamen del fiscal Sergio Mola. Consideraron que no hubo irregularidades por parte del Servicio Penitenciario Federal, como sostenía la ministra Patricia Bullrich.
La Justicia decidió cerrar la causa que investigaba la visita de un grupo de diputados libertarios al penal de Ezeiza, donde se reunieron con represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz. La resolución fue firmada por el juez federal Luis Armella, quien se basó en un dictamen del fiscal Sergio Mola para determinar que no se detectaron irregularidades en la actuación del Servicio Penitenciario Federal (SPF), el organismo que autorizó el ingreso. Así, la investigación queda archivada, en sintonía con la postura que había defendido públicamente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El 11 de julio del año pasado, seis diputados de La Libertad Avanza se subieron a una combi oficial de la Cámara baja, viajaron al complejo penitenciario VII de Ezeiza y pasaron una tarde junto a un grupo de represores, entre los que se encontraba Astiz, pero también Alberto “Gato” González, Antonio Pernías, Adolfo Donda y Raúl Guglielminetti. Todos detenidos y condenados por crímenes de lesa humanidad.
Allí, los diputados libertarios Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci se reunieron y fotografiaron con los represores. Todos menos una, Bonacci, quien denunciaría, luego, que había sido “engañada” por Benedit, el organizador de la visita y uno de los coordinadores del chat en el que se barajaban propuestas que permitieran que los genocidas pudieran acceder a prisión domiciliaria.
En ese chat de WhatsApp participaba también el cura Javier Olivera Ravasi, hijo del represor Jorge Olivera, quien coordinaba encuentros para aquellos que quisieran ayudar a los condenados por lesa humanidad. En el grupo se llegó a presentar, incluso, un proyecto de ley que reformaba el Código Penal e incorporaba una nueva causal de extinción de la acción penal: cuando hubieran transcurridos 20 años desde el momento en que el Estado tomara conocimiento de un delito. El proyecto se llamaba “Derecho a ser juzgado en un plano razonable”.
Toda esta información fue aportada por Lourdes Arrieta, la otra arrepentida, en una denuncia penal que presentó contra sus propios compañeros de bloque. La ex diputada libertaria, incluso, apuntaría contra Menem, lo que le terminó valiendo que la expulsaran del bloque oficialista.
El juez Armella decidió archivar la causa en sintonía con el pedido que había hecho el fiscal Mola, quien dictaminó que el Servicio Penitenciario Federal no había cometido ningún delito. Cuando la causa cayó en sus manos el año pasado, Mola decidió circunscribir la investigación a si habían existido irregularidades por parte del Servicio Penitenciario, que responde a Patricia Bullrich, cuando los diputados realizaron la visita. Y dictaminó que no había motivos para continuar investigando.
El motivo del foco de la investigación era que, en los chats aportados por Arrieta, los diputados mencionaban que contaban con el visto bueno de Bullrich y al jefe del SPF. Cuando se realizó la visita, además, no los revisaron ni les pidieron sus teléfonos celulares (que luego serían utilizados para sacarse la foto de familia con Astiz).