El Departamento del Tesoro acusó a Alexandre de Moraes, ministro de la Corte Suprema brasilera, de liderar una «campaña opresiva de censura y detenciones arbitrarias». Washington lo sancionó por presuntas violaciones a los derechos humanos, en medio de un nuevo enfrentamiento entre Donald Trump y Lula da Silva.
Mário Fernandes, general en retiro y ex funcionario del gobierno de Bolsonaro, admitió ante la Corte Suprema brasileña ser el autor del documento que proponía matar al mandatario y otras autoridades. El plan fue redactado tras las elecciones de 2022.
Según la resolución del máximo tribunal, el expresidente y siete colaboradores cercanos enfrentarán cargos penales que podrían resultar en prisión. Los imputados deberán rendir cuentas por delitos relacionados con el intento de obstaculizar la investidura del entonces presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión puede ser refrendada o rechazada por el plenario del Supremo Tribunal Federal, que volverá a reunirse a principios del año que viene tras el receso navideño.
Un juez del Supremo Tribunal pedirá incluir en la agenda un nuevo debate que podría zanjar las divergencias internas que persisten en la corte sobre la norma que autoriza encarcelar a personas condenadas en segunda instancia que aún disponen de recursos judiciales..
