ATE Rosario cuestionó la «privatización» del sistema de salud laboral de los estatales provinciales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Rosario denunció este viernes la decisión del Gobierno de Santa Fe de tercerizar el sistema de salud laboral de los empleados públicos provinciales mediante la implementación del Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal), previsto para comenzar a funcionar en agosto.

Según el sindicato, la administración de las licencias por accidentes laborales quedará en manos de una empresa privada, lo que, afirman, implica la «privatización» de un servicio que alcanza a más de 156.000 trabajadores estatales.

En una conferencia de prensa, ATE Rosario sostuvo que el nuevo esquema «transferirá a una empresa privada la gestión y administración de las licencias vinculadas a accidentes laborales de los agentes provinciales». Desde el gremio aseguraron que la decisión implica «la privatización del servicio de salud de los trabajadores provinciales» y afirmaron que la firma adjudicataria está vinculada a un grupo empresario relacionado con la señal deportiva TyC Sports.

Además, cuestionaron los objetivos planteados por la administración provincial para el funcionamiento del nuevo sistema. «Lejos de tener una perspectiva humana, el objetivo cuantificado por la propia gestión consiste en reducir el ausentismo del 15% al 10%», señalaron desde ATE Rosario. Según la organización sindical, el Sipsal alcanzará a 156.057 agentes estatales y reemplazará el actual esquema de seguimiento de la salud laboral por un modelo administrado por un prestador privado.

El gremio anticipó que continuará con las acciones de denuncia y reclamó al Gobierno provincial que revea la medida, al considerar que la tercerización afecta un área sensible vinculada a la salud y los derechos laborales de los trabajadores del Estado.

La secretaria general de ATE Rosario, Lorena Almirón, cuestionó con dureza la implementación del nuevo sistema y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, tendrá la tercerización de la salud laboral de los empleados públicos. «Lo primero que tenemos que plantear es que la salud de los trabajadores de Santa Fe no puede estar en manos del Ministerio de Economía ni de pulpos empresariales», sostuvo Almirón.

En ese sentido, recordó que el sindicato viene cuestionando el proyecto desde que fue anunciado por el Gobierno provincial. «Desde el año pasado el Gobierno anunció que iba a funcionar este sistema SIPSAL y, desde que nos enteramos, venimos planteando que la Provincia dejará en manos de un grupo privado la salud de los trabajadores», afirmó.

ATE Rosario señaló que la empresa adjudicataria, SML Consultores Médicos S.A., fue la única oferente en la licitación para prestar el servicio y la vinculó con el Grupo Werthein, conglomerado con inversiones en los sectores agroindustrial, alimenticio, de bebidas y seguros. El gremio recordó, además, que recientemente ese grupo asumió el control total de la señal deportiva TyC Sports tras una operación con el Grupo Clarín.

Para Almirón, la decisión del Ejecutivo provincial forma parte de una política de ajuste sobre el empleo público. «Hay que ver el mapa completo. Pese a los intentos de despegarse de Javier Milei, Pullaro sigue siendo su mejor alumno. Tercerizar el servicio y hacerlo con un actor económico de este peso solo apunta a sobreexplotar aún más a una fuerza laboral que viene totalmente maltratada», sostuvo.

Y agregó: «Lo que van a lograr, dramáticamente para la salud de los estatales y también para las arcas de la provincia, es que cada vez haya trabajadores más gravemente enfermos e, incluso, que el Estado deba afrontar juicios millonarios por un sistema totalmente deshumanizado que desconoce derechos constitucionales«.

Frente a este escenario, ATE Rosario y la CTA Autónoma anunciaron que impulsarán pedidos de acceso a la información pública y realizarán presentaciones en los ámbitos legislativos, administrativos y judiciales. El objetivo, indicaron, es exigir transparencia sobre la implementación del sistema y reclamar que exista una supervisión gremial mientras se debate el alcance de la medida.

En un comunicado, ATE Rosario sostuvo que el Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (SIPSAL) implica un cambio de paradigma en el control de la salud de los trabajadores estatales.

Según el sindicato, el nuevo esquema desplaza «el paradigma de la salud por el paradigma del control» y reemplaza la intervención estatal por un operador privado vinculado al sistema de aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).

«El control médico laboral del Estado, que comprende el reconocimiento de enfermedades profesionales, las juntas médicas y la determinación de incapacidades, queda en manos de una firma ligada a una ART. La rentabilidad del operador depende, de manera directa, de minimizar el reconocimiento del daño que debe evaluar», señalaron desde el gremio.

Asimismo, ATE aseguró que especialistas en salud laboral sostienen que los modelos de atención integral y personalizada permiten reducir el ausentismo y las licencias médicas sin afectar derechos, especialmente en casos vinculados a la salud mental.

Para la organización sindical, la iniciativa también contradice el espíritu de la Ley de Comités Mixtos de Seguridad e Higiene, normativa que convirtió a Santa Fe en una referencia nacional en materia de prevención laboral.

«Que una empresa privada, bajo la supervisión del Ministerio de Economía, pueda hacerse cargo de la Salud Laboral de toda la provincia, una tarea que históricamente desarrollaron trabajadores del Estado con estabilidad laboral, preocupa tanto por las fuentes de trabajo como por la deshumanización del control médico. Repetimos lo que venimos diciendo: la salud no puede ser controlada por Economía ni por pulpos empresariales», remarcó Almirón.

Además, informaron que la etapa alcanzará al personal de la administración central; luego se extenderá a docentes y asistentes escolares y, por último, a los agentes policiales.

«Vamos a recurrir a los ámbitos legislativos para pedir los informes que debe brindar el Ejecutivo provincial sobre este servicio y también analizaremos qué aspectos constitucionales no se están respetando, porque entendemos que existe un claro avasallamiento de los derechos de los trabajadores», concluyó la dirigente sindical.