Esta mañana, en el Centro Cultural La Toma, un conjunto de organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y políticas brindaron una conferencia de prensa para denunciar persecución política a los «luchadores populares».
«Ante la dramática situación contra quienes protestaron contra la reforma previsional y por diversos conflictos van poblando las calles del país, se marcha a un Estado de Excepción donde en nombre del Estado de Derecho la corporación judicial avanza en todos los frentes sin atender a los debidos procesos, contra los militantes populares, con presos políticos”, analizó el Secretario Gremial de la CTA Regional Rosario, Gustavo Brufman en diálogo con Conclusión.
En ese marco, se refirieron puntualmente al caso Sebastián Romero respecto al atentado que sufrió su representante legal, Martín Alderete, en el lugar donde momentáneamente reside, cuando su vehículo fue quemado a través de una bomba de estruendo.
«Se considera al hecho como parte de un avance contra los derechos de la población en general, persiguiendo y amenazando luchadores populares», manifestó indignado Brufman.
En ese sentido, consideró que «desde hace dos años, con la detención de Milagro Salas, se viene dando una ofensiva contra las organizaciones sociales, contra el movimiento popular, contra los trabajadores. Es un intento por criminalizar la protesta social para los episodios que se vienen, como la reforma laboral».
«Tenemos que ganar las calles para ponerle un freno a los ajustes del gobierno», advirtió a modo de cierre.
En tanto Lorena Cáceres, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados (PSTU) dijo a Conclusión que van a continuar con la «campaña para que el Gobierno deje de ajustar a los trabajadores argentinos y deje de reprimir y perseguir».
