A tono con la decisión de Unilever en Nueva Zelanda, que estrenó la semana laboral de cuatro días, en España estudian seriamente avanzar con una iniciativa similar. Una enmienda de Más País-Equo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado ha provocado que se abra el debate en el Gobierno central sobre esta cuestión. El Ministerio de Hacienda está negociando con el partido de Íñigo Errejón su propuesta, que supondría incluir en las cuentas públicas una partida específica para dar ayudas a las empresas que quieran sumarse a esta fórmula que ya realizan firmas de otros países, y por la que la Generalitat Valenciana también apostará el próximo año.

La propuesta de Más País-Equo busca impulsar un nuevo modelo de trabajo en la península ibérica. La enmienda de la formación aliada con Compromís plantea un «Proyecto piloto de Complemento de Reducción por Jornada Laboral». La dotación del mismo sería de 50 millones de euros, que se canalizarían a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que es la estrategia diseñada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para invertir los fondos europeos. Esta cantidad no es definitiva, y podrá ajustarse conforme avance la negociación y las fuentes de Más País-Equo aseguran que no tendrían problema en rebajarla si fuera necesario para que su planteamiento salga adelante.

De avanzar esta propuesta, no quiere decir que implicaría un giro total al modelo actual de las 40 horas semanales. La novedad sería que el Gobierno tendría un fondo reservado de manera exclusiva para esta materia, lo que facilitaría que todas las empresas que quisieran probar esta nueva receta laboral contaran con el respaldo público necesario para reducir la jornada semanal de las 40 a las 32 horas.

Se trata de una ayuda que se traduciría en un respaldo a los salarios o en subvenciones directas para contratar los empleados necesarios. El fin es que la productividad no se resienta por librar tres días en lugar de dos, según las fuentes consultadas. Quienes gestionarían ese apoyo para las firmas interesadas serían las comunidades autónomas, que lo recibirían en forma de transferencias debido a que ostentan las competencias de empleo.

Los de Íñigo Errejón han defendido un cambio laboral de este tipo desde que nació su partido. De hecho, fue una de las propuestas estrella de su programa electoral, estableciendo en la misma que no hubiera pérdida de salario para los trabajadores aunque trabajaran un día menos. En la justificación de la enmienda, Más País explica que esta reducción de la jornada está alineada con los «avances tecnológicos» y que es «una demanda histórica del movimiento obrero y sindical». Otros argumentos para impulsarla son «la ganancia de soberanía vital y derecho al tiempo libre» para fomentar la conciliación y un «desarrollo pleno de la personalidad humana», lo que impulsaría «una participación ciudadana adecuada en los asuntos públicos».

Pero en Más País son conscientes de que cambiar por completo el modelo de relaciones laborales es complicado. Según lamentan, hay un «estancamiento que no se corresponde con los aumentos de productividad que ofrecen las nuevas tecnologías». Esta circunstancia es definida por los de Errejón como un «mantenimiento de una jornada laboral artificiosamente alta», la cual «tiene efectos perversos en la segmentación del mercado de trabajo» que, consideran,  está provocando «un desempleo estructural con jornadas excesivas, que terminan resintiendo la salud laboral nacional».

Entre los beneficios que postulan los impulsores de esta propuesta, se cuenta que las 32 horas semanales brindaría un aumento del rendimiento y una mejora de la productividad por hora trabajada. También citan «efectos ambientales muy positivos, ya que posibilitaría pautas de consumo menos compulsivas y más sostenibles». Otro de los beneficios es que supondría un respaldo a las políticas frente al cambio climático, al asegurar que con un día menos de trabajo, habría menos desplazamientos que contribuyen a la contaminación de las ciudades. «Resulta fundamental testear un proyecto piloto de reducción de la jornada laboral para evaluar sus impactos entre empresas y trabajadores de cara a reorganizar las relaciones laborales españolas en el siglo XXI»,argumentan.