Entidades representativas del sector industrial y económico de la provincia de Buenos Aires manifestaron este martes su repudio a los «bloqueos sindicales» a plantas fabriles que no permiten desarrollar normalmente la actividad productiva.
Así se expresaron la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (Adiba), la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Cepba), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba)
«Repudiamos los bloqueos sindicales que no permiten desarrollar la actividad productiva y garantizar el correcto funcionamiento de las plantas», afirmaron las entidades en un comunicado difundido esta tarde.
Este tipo de acciones, afirmaron, «lejos de buscar una solución a los planteos gremiales, agravan la situación de las empresas provocando pérdidas, daños a la propiedad y un ambiente de trabajo que no es propicio para el resto de los colaboradores que se encuentran desarrollando la actividad industrial», señalaron en un comunicado conjunto.
Los recientes bloqueos en el frigorífico ArreBeef, en Pérez Millán del partido bonaerense de Ramallo; y en la planta láctea Mayol, de Gobernador Udaondo en el partido de Cañuelas;, fueron los episodios recientes que motivaron el pronunciamiento pero con antecedentes en otras plantas de la provincia.
Para las entidades empresarias, el camino para la resolución de los conflictos «es el del diálogo y nunca el de la fuerza, máxime cuando además se viola una conciliación obligatoria».
«Instamos al cese de los bloqueos y a cualquier acción intimidatoria, así como también al cumplimiento de la ley», afirmaron al aseverar que el empleo de la fuerza en cualquier huelga o manifestación «es incompatible con el respeto de los derechos constitucionales».
«El derecho a trabajar se ve violado cuando un bloqueo no permite el ingreso a la empresa en conflicto al empleado que no está de acuerdo con el método aplicado por la organización sindical», lamentaron.
Y agregaron: «También ocurre al impedir el funcionamiento de empresas que no tienen relación alguna con la problemática planteada».
Por otra parte, consideraron que estas situaciones son claramente violatorias del principio de buena fe que establece el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Según esa norma, «las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo», concluyeron.
