La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), que conduce a nivel nacional Héctor Laplace, exigió a los empresarios de la actividad que «se asocien con la sociedad» y reclamó «el cese del trabajo precario y el regreso a una política de Estado» para el sector, al clausurar en la ciudad de Salta el Congreso Ordinario Anual de la organización sindical.
La oficialista Agrupación 17 de Octubre, que conduce el sindicato en todo el país, detalló en un documento del LII Congreso General Ordinario que más de 100 dirigentes de todas las provincias deliberaron en Salta y analizaron problemas como «la inflación, las paritarias, la precariedad laboral y la pandemia de la Covid-19 que azota al mundo».
«La fortaleza del gremio se experimentó ante la crisis económico-social y sanitaria que azota al país desde hace años. Los trabajadores mineros sumaron esfuerzo y militancia para continuar produciendo y para no resignar los logros obtenidos desde 2004», afirmó.
Los congresales homenajearon a los trabajadores del sector muertos y desaparecidos durante la dictadura militar y realzaron que desde marzo de 2020 el personal fue declarado «esencial» para contribuir a «la no paralización del país productivo».
«La declaración de ‘esenciales’ de los trabajadores permitió demostrar a la comunidad de qué se trata la tarea minera en la montaña, el desierto, en zonas inhóspitas y olvidadas, caracterizadas por la distancia y extensas ausencias de la familia», sostuvo el gremio.
El documento reivindicó la participación del sindicato en los Comités de Emergencia de cada localidad o provincia en los sectores metalífero, de molienda, fábrica o cantera, y la presencia en la mesa de los convenios colectivos de trabajo y en la tarea por la paridad de género, «sin ningún tipo de exclusiones ni marginalidades», indicaron los congresales.
El texto enfatizó que «la industria minera es lícita y puede ofrecer respuestas concretas al crecimiento sostenido de la Argentina», por lo que «se requiere la reedición de reglas claras para los inversores a través de una política de Estado a fin de retomar el permanente ingreso de capitales nacionales y extranjeros», y se pronunció por «un mensaje homogéneo, veraz y convincente que acerque a la sociedad con la actividad».
«Los empresarios deben tener un mensaje claro y sin titubeos. Tienen que pensar más en que el beneficio común permitirá acceder a una sociedad que se asocie con la industria en lugar de impedirla, pero tendrán que hacerlo con transparencia y empatía», sostuvo.
Además, los mineros reclamaron a los Gobiernos nacional y provinciales retomar «el camino del diálogo y los consensos para revertir las críticas y prohibiciones»; aseveraron que esas herramientas constituyen «la primera inversión que deben hacer las empresas» y les reclamaron «el cese de las asociaciones intrascendentes y de conveniencia».
«Tercerizar es precarizar, y ello ocurre por parte de las empresas en varias regiones. En especial cuando aplican otras convenciones colectivas», expresó el documento y manifestó que «hay que consolidar alianzas sociales en las comunidades cercanas a los yacimientos para contribuir al desarrollo de los proveedores locales y regionales para que la incidencia económica sea en la zona de influencia de la actividad, por lo que el gremio rechaza los acuerdos entre corporaciones que privilegian intereses que atentan contra esas economías regionales».
