El Ministerio de Trabajo provincial oficializó hoy la imposición de una multa de $8.968.750 a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) regional Jujuy, por no acatar la conciliación obligatoria durante los ocho días de paro que realizaron los choferes de colectivos en reclamo al pago de salarios adeudados.
La cartera laboral jujeña consideró que el sindicato incurrió en una falta “muy grave”, al no acatar el llamado de conciliación obligatoria para resolver el conflicto de los trabajadores que paralizó el transporte público durante ocho días, seis jornadas por la medida de fuerza provincial y dos en adhesión al paro nacional, entre el 11 y el 18 de julio pasado.
En su resolución, la entidad gubernamental aplicó a las empresas que, incumplieron con el pago de salarios y el aguinaldo de los trabajadores nucleados en la UTA, multas con sumas que van desde los $200.000 hasta los $700.000.
“El transporte es imprescindible para los ciudadanos y cuando se declara un paro y se deja a la gente sin transporte prácticamente se paraliza la provincia y hay terceros que no tienen nada que ver en este conflicto y se ven perjudicados”, justificó el ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz.
Desde la UTA-Jujuy rechazaron la resolución y adelantaron que recurrirán a la Justicia para defender los reclamos y medidas de fuerza adoptadas ante un conflicto salarial que lleva más de seis meses.
“La política de este gobierno es provocar a los sindicatos para que no realicen protestas y para nosotros reclamar por el salario por los días trabajados es un derecho”, dijo este martes Sergio Lobo, titular de la UTA-Jujuy.
“No podíamos esperar 15 días más cinco días de prorroga que establece la conciliación para que los compañeros puedan cobrar sus sueldos”, agregó en relación a la medida adoptada por la cartera de Trabajo, “la cual la vamos a recurrir”, aseguró.
Finalmente Lobo señaló hay empresas que aún no saldaron los salarios correspondientes a los meses de junio, julio y el aguinaldo por lo que “estamos abiertos al diálogo y a ser convocados por el gobernador, Gerardo Morales, para encontrar soluciones a la problemática”, que afecta a unos 1.800 trabajadores.
