Golpe letal para RE/MAX. Es que la Inspección General de Justicia (IGJ) prohibió a la empresa ejercer la actividad inmobiliaria, como resultado de un pedido del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba). Así, ordenó la inmediata disolución y liquidación de la misma.
Según consideró el organismo, se trata de un modelo de negocios ilícito ya que la actividad no puede ser franquiciable. Es decir que a partir de una franquicia principal, se subfranquicia a agentes y corredores.
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Para la IGJ, la empresa «ejerce indirectamente le corretaje inmobiliario eludiendo la legislación local, que establece imperativamente requisitos para esa actividad y se beneficia a través de RE/MAX Argentina S.R.L., participando de las comisiones de las operaciones inmobiliarias intermediadas por los números subfranquiciados, más allá de que esas participaciones pudieran aparecer ficticiamente calificadas como regalías o concepto similar, contributivo del uso de la marca ‘RE/MAX'».
«La exteriorización de la marca ‘Remax’ por parte de esas subfranquiciadas», plantea la resolución, «genera en favor de éstas la falsa apariencia de pertenecer a un grupo económico, lo que las beneficia en base a una publicidad engañosa, que, a su vez, beneficia a la franquiciante, permitiéndole participar indirectamente de una operatoria que no podría realizar por sí misma, en forma directa».
Además, tras años de estar bajo la lupa del sector, se la acusa de promover inmobiliarias sin empleados, que son en su mayoría monotributistas, sin ningún costo para la franquicia principal y que reciben una instrucción básica por parte de la marca. Se estima que hay cerca de 4.000 personas trabajando en dichas condiciones.
La resolución (Nro. 0000350), firmada por Ricardo Nissen este martes, ya fue notificada tanto a RE/MAX Internacional como Cucicba.
Bajo estos términos, a la empresa no le queda más que dejar de operar en el país y, por lo tanto, iniciar su proceso judicial de disolución y posterior liquidación, en el marco de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
“Paso histórico”
Comunicado mediante, Cucicba celebró la resolución: «La decisión del máximo organismo que regula y controla las sociedades comerciales surgió haciendo lugar a la denuncia de Cucicba, en contra de RE/MAX Argentina S.R.L., sociedad que detenta el uso de la marca ‘RE/MAX’ en nuestro país, respecto al ejercicio ilícito de la actividad inmobiliaria por parte de la misma».
«Siempre sostuvimos, amparados en el ordenamiento legal de nuestro país, que existe una distinción entre los contratos comerciales y las profesiones independientes como el Corretaje Inmobiliario, y que éstas últimas no pueden ser ‘franquiciadas’», expresó Armando Pepe, presidente de Cucicba.
«Por esta razón, la IGJ determinó que dicha compañía ya no podrá operar, debiendo iniciarse el proceso judicial de disolución y liquidación de la misma en el marco de lo dispuesto en los Artículos 18 y 19 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales», agrega el comunicado.
«Hemos dado un paso histórico. Este es un éxito en la defensa de los derechos de los corredores y del ejercicio legal y legítimo de la profesión, y lo compartimos con todos nuestros matriculados», completó Pepe.
Competencia desleal
Los intentos del segmento inmobiliario por ponerle límites al modelo de franquicias que encabeza RE/MAX vienen de larga data. Y, además de los reclamos en la Ciudad de Buenos Aires, la franquicia -que opera 150 oficinas en 40 ciudades de la Argentina- tiene también abierto un reclamo en la provincia de Buenos Aires.
En bloque cerrado, los martilleros bonaerenses venían llevando adelante una intensa cruzada judicial con la idea de desarticular una propuesta de negocios que factura millones vía una presunta precarización laboral. Los profesionales de la actividad inmobiliaria tradicional no dudan en tildar de «competencia desleal» lo que viene llevando a cabo la firma internacional por lo que los juicios no dejan de multiplicarse.
«En la actualidad hay acciones judiciales contra la empresa de franquicias prácticamente en todas las provincias del país. Los juicios contra los profesionales están a un paso de llegar a las cortes. Hay procesos con apelaciones, es un contexto de judicialización total contra los movimientos de la compañía. La decisión es impedir que siga adelante con prácticas predatorias y al margen de cualquier ética», habían indicado recientemente desde el entorno de la entidad.
Los colegios del ramo apuntan contra RE/MAX por operar bajo un sistema que, denuncian, estaría promoviendo inmobiliarias sin empleados propios, utiliza a los matriculados como meros «presta nombres» y alienta la multiplicación de «brokers» a través de cursos dictados por la misma compañía.
En esas actividades, que se extienden por breves semanas a diferencia de la formación universitaria que se exige entre martilleros, fuentes del ámbito de los martilleros aseguraron que los interesados abonan matriculas abultadas y hasta deben efectuar pagos adicionales en conceptos como vestimenta o uso de cartelería con los colores y logo del franquiciante.
«Son como un Rappi pero de las inmobiliarias. Dan un entrenamiento de 15 días a los vendedores, que lejos están de estar en relación de dependencia: son todos monotributistas. Estos tienen que pagar hasta por el escritorio que luego utilizan. Consiguen que alguien ponga su matrícula y así habilitan puntos de venta o alquiler con una veintena de ‘brokers’ o más. No hay ética y se destruye nuestra profesión», dijo un representante de la Cámara de Martilleros de Mar del Plata.
«Estamos en contra de que se presten nombres para estas empresas y, por supuesto, muy en contra de la falta de personal en blanco. No hay creación de fuentes de trabajo. Se tiene que operar con profesionales y eso no se cumple. El martillero, el corredor público, es un profesional universitario. Enfrente tenemos a personas con cursos de 15 días dictados por la misma empresa«, detalló.
Así las cosas, la resolución de la IGJ, contiene fundamentos que desde hace tiempo son señalados por los profesionales del sector.
Carlos Prono, secretario del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, había señalado a fines del año pasado que RE/MAX y sus similares «practican un ejercicio ilegal de la profesión».
«La ley profesional obliga a operar con nombre propio, ni siquiera las sociedades se ven exceptuadas de eso. El marco establece para esa figura que todos sus integrantes deben estar matriculados. Sin embargo, esto no ocurre con las empresas de franquicias. Se ‘prestan» nombres de matriculados para llevar a cabo las operaciones», aseguró.
Fuente: Iprofesional
