La Corte Suprema de Justicia dispuso la realización de una audiencia pública para luego definir un pedido para inscribir como gremio al denominado «Sindicato Policial de Buenos Aires (Sipoba).
La audiencia fue fijada para el próximo 13 de agosto y fueron invitadas a participar organizaciones que reúnan la característica de «amicus curiae» (amigo del tribunal) para realizar aportes útiles para la solución del conflicto, que cuenta con un dictamen en contra de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó.
El Sipoba pretende inscribirse como gremio desde 1998, pero el entonces ministro de Trabajo, Antonio Erman González, rechazó el pedido que se repitió -también sin suerte- en 2002, cuando al frente de la cartera estaba Graciela Camaño.
Entonces, Sipoba se presentó ante la justicia laboral, donde su pretensión tuvo resultado adverso, ya que, en octubre de 2010, la Cámara del fuero rechazó la demanda al considerar que la situación de los policías «no es asimilable sin más a la de los trabajadores previstos en la normativa general”.
La decisión de la Sala V de la Cámara fue por mayoría, ya que mientras María García Margalejo y Juan Fernández Madrid votaron en contra, Oscar Zas lo hizo a favor de la agremiación.
El voto en disidencia alentó la presentación del recurso extraordinario ante la Corte, que tiene otros tres expedientes con planteos similares.
Gils Carbó invocó normas internacionales y se opuso al pedido de Sipoba por falta de una ley local específica.
«La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía» las garantías establecidas para los gremios.
Las otras causas que se encuentran a estudio de la Corte son las promovidas por el Sindicato de Policías y Penitenciarios (Simnpope), la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina Córdoba (único con fallo de segunda instancia a favor de la demanda) y la solicitud de una agente, Adriana Rearte, para que se autorice al personal del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba a asociarse sindicalmente.
También en estos casos la Procuración General de la Nación opinó por la negativa.
