VIERNES, 23 DE OCT.

Los no docentes universitarios lanzan un plan de lucha con cuatro paros para exigir la aplicación de la ley universitaria

La federación que representa a los trabajadores del sector que cumplen tareas en las universidades nacionales estableció los paros de 24 horas para fines de octubre y noviembre. La medida llega después de la quinta Marcha Federal Universitaria.

 

La Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (Fatun) resolvió profundizar el conflicto universitario con cuatro paros de 24 horas, sin concurrencia a los lugares de trabajo, previstos para el 28 de octubre, el 3, el 12 y el 16 de noviembre.

La decisión fue adoptada por su Consejo Directivo, que encabeza Walter Merkis, en el marco del reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida se tomó después de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el 15 de octubre, en la que docentes, no docentes y estudiantes exigieron la aplicación efectiva de la norma y cuestionaron la política del Gobierno de Javier Milei hacia el sistema público de educación superior.

Además de las huelgas, la federación impulsará acciones de visibilización durante las semanas de protesta y prepara una convocatoria conjunta con el Frente Sindical de Universidades Nacionales para el día en que se trate el Presupuesto 2027, según consignó la agencia Mundo Gremial.

El objetivo es exigir que se incorporen las partidas necesarias para cumplir la ley.

La Fatun también ratificó que avanzará con gestiones judiciales ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para reclamar que los montos correspondientes a la garantía salarial pasen a los salarios básicos.

En paralelo, reiteró su respaldo a las acciones coordinadas con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) para forzar la aplicación integral de la ley.

En su resolución, el gremio repudió además la represión sufrida por manifestantes durante la marcha frente al Congreso y cuestionó que representantes del sistema universitario no hayan podido participar de una reunión de la Comisión de Presupuesto.

Para la organización, el conflicto ya dejó de ser solo salarial: también se convirtió en una pulseada política por el financiamiento de la Universidad pública.

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