La controversia en torno a la operatoria de la cadena de franquicias RE/MAX no deja de aumentar. Mientras se aguarda por un fallo de la Justicia comercial que ratifique la prohibición para el ejercicio de la actividad fijada por la Inspección General de Justicia (IGJ) hace más de un año, este viernes el Sindicato de Comercio elevó ante la cartera de Trabajo un pedido de citación para que la empresa brinde explicaciones sobre el status laboral de los agentes inmobiliarios que responden a la red.

Según publicó iProfesional, la secretaría de Asuntos Gremiales de la organización acercó al Ministerio en cuestión una «denuncia de conflicto colectivo» con pedido de audiencia.

Entre sus argumentos, el sindicato alega que «REMAX ARGENTINA S.R.L., empleador de más de 5.000 trabajadores dependientes, mantiene las relaciones laborales contraídas al margen de toda registración, en franco fraude a la ley laboral, sindical, de obra social y de la seguridad social, enmascarando las mismas bajo la figura comercial del ‘monotributo’».

«La empresa denunciada, valiéndose de su marca internacional, armó una extensa red interempresarial utilizando los contratos de franquicia para desplegar un marco contractual de cobertura, con el único objeto de mantener al margen de toda registración a sus dependientes; en franca violación a la normativa vigente de colegiación de la actividad martillera», detalla el texto de Comercio.

Añade el sindicato: «De esta forma, la empresa, en un ingenio al servicio de la ilicitud laboral, utiliza la pantalla del ‘agente inmobiliario’, como una pseudo categoría en contra de la normativa que rige la colegiación de los martilleros, con el único fin de evitar registrar el vínculo laboral dependiente».

En otro apartado, Comercio sostiene que RE/MAX opera bajo un «despiadado sistema diseñado exclusivamente para hacerle creer a los trabajadores dependientes, que son ‘emprendedores’, ‘hacedores de su destino’, o bien, ‘profesionales inmobiliarios’, a través de su incorporación dentro de su estructura empresarial, con el único objetivo de beneficiarse por la prestación de sus servicios personales. Generando un daño irreparable para la categoría profesional que representan, de ‘empleados de comercio’. Y consecuentemente afectando, en forma directa, la ‘actividad inmobiliaria’».

En el pedido extendido al Ministerio de Trabajo, el gremio también citó a CUCICBA, el colegio que integra a los corredores, para que aporte detalles sobre las presuntas irregularidades que hacen al funcionamiento comercial de la red de franquicias.

En simultáneo a esta nueva controversia, los actores de la comercialización inmobiliaria batallan en distintos frentes en el interior de la Argentina para anular la operatoria de la red.

Casi 25 localidades de la Provincia de Buenos Aires cuentan con normativas que prohíben el funcionamiento comercial de RE/MAX. Así, en los últimos años sitios como Azul, Olavarría, Tandil, Villa Gesell, Campana, Mercedes, Lomas de Zamora, Bolívar, Lobería, Necochea y Pinamar, por mencionar algunos ejemplos, aprobaron ordenanzas que vetan las operaciones de la red.

Como ya expuso el medio iProfesional, los colegios del ámbito del ladrillo desde hace años que vienen apuntando contra RE/MAX por operar bajo un sistema que, denuncian, promueve inmobiliarias sin empleados propios, utiliza a los matriculados como meros «presta nombres» y alienta la multiplicación de «brokers» a través de cursos dictados por la misma compañía.

La red local de RE/MAX comprende más de 150 oficinas distribuidas en alrededor de 40 ciudades de la Argentina. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires la empresa en cuestión dispone de 50 puntos comerciales. En la geografía porteña diversos operadores coinciden en que, por estos días, la red ostenta una porción del mercado inmobiliario cercana al 30 por ciento.